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Los dirigentes de la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija están paralizando el sur del país y cortando las comunicaciones vitales para la economía, en demanda de soluciones inmediatas a una larga lista de peticiones regionales. La lista de esa provincia está encabezada por una referida a que el Gobierno nacional retire de las atribuciones de la Prefectura tarijeña la obligación que tiene ésta de ser juez en el caso de diferencias limítrofes que surjan entre dos provincias, como es el caso actual.

Los dirigentes chaqueños dicen que la Prefectura de Tarija no es un juez imparcial, pues ésta ha mostrado simpatía hacia la provincia O\'Connor, que reclama soberanía sobre el cantón Chimeo, donde se encuentra el campo petrolero Margarita. La disputa es por el control de las regalías provinciales.

El Gobierno nacional no quiere quitar a la Prefectura esa atribución y le pide al prefecto Mario Cossío que se pronuncie. éste, a su vez, se ha dado un plazo para emitir el fallo. El término del plazo se cumple a fines de este mes.

Todo este problema político, territorial y de dominación económica se ha agravado porque el Gobierno central y la Prefectura tarijeña se están pasando la responsabilidad, como si fueran indolentes a los perjuicios que causa la protesta chaqueña. Porque, en efecto, la protesta ha cortado la carretera y el ferrocarril que pasa por Yacuiba hacia Santa Cruz y Tarija, además de bloquear la frontera con Argentina. Los eufóricos dirigentes chaqueños estaban empeñados en las últimas horas en cortar los ductos que llevan gas de exportación hacia Argentina y Brasil.

Aquí se está ante un caso de comportamiento ciudadano irresponsable, pues la protesta chaqueña quiere violentar un procedimiento legal y para ello procede a interrumpir el normal flujo de vehículos, mercaderías e hidrocarburos para todo el resto del país. Así como para dos países vecinos con los cuales el Estado boliviano tiene compromisos inexcusables de exportación, en el marco de contratos.

Los principales diarios de Argentina y Brasil reflejan la inquietud que existe en esos dos países por la posibilidad de que la protesta de los chaqueños bolivianos llegue a interrumpir las exportaciones de gas natural. Casi la mitad del gas natural que consume Brasil es boliviano.

Nadie, por ningún motivo, debería tener derecho a cortar las carreteras y menos a interrumpir el tránsito de servicios tan imprescindibles como es el gas natural y los demás combustibles que llegan a Tarija. Y menos tener la posibilidad de impedir que el país cumpla con compromisos internacionales.

Hay, acá, un problema político serio y, además, de educación civil —más allá del resultado—, que tiene que ver incluso con la vida civilizada. Habría que hacer todo lo posible por corregir la creencia tan generalizada en el país de que cualquier protesta puede llegar a cualquier extremo, sin importar las consecuencias. La paciencia de los ciudadanos bolivianos que sufren por los cortes y los bloqueos es ejemplar, pero es excesiva. Se tolera que por cualquier demanda se ponga en riesgo servicios esenciales para el país. La imagen de Bolivia está amenazada por estos actos de irresponsabilidad de autoridades departamentales, de dirigentes cívicos en el Chaco, y del Gobierno.