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A punto de cumplir un año de la nacionalización de los hidrocarburos se tiene finalmente aprobados por el Congreso los contratos que regirán con las empresas que decidieron seguir operando en el país en el sector.

La demora en la aprobación tuvo diferentes causas, pero sin duda un efecto preciso: el deterioro de la imagen del país en el mundo. Es que el país demostró que no solamente había desconocido contratos anteriores, sino que los nuevos no terminaban de entrar en vigencia, además de la crisis institucional continua que sufrió la gestión pública de los hidrocarburos.

La nacionalización transfirió a YPFB el control de toda la industria y dejó a las empresas como prestadoras de servicios. Además, fijó nuevos niveles tributarios que se aplican de diferente manera en cada uno de los 44 contratos.

En el año transcurrido, YPFB no ha podido ponerse de pie, como lo demuestra el caótico manejo de la empresa, que ha agudizado los casos de desabastecimiento de diferentes derivados, como es el caso del GLP, el fuel oil, diesel oil y el propio gas natural en diferentes regiones del país. La empresa pasó por tres manos en el curso del año transcurrido, pero todavía no parece haber encontrado el rumbo correcto.

Los contratos fijan, a partir de ahora, los compromisos de inversión de parte de las empresas. El tema es crucial en este momento, pues hay un delicado equilibrio entre la producción y el consumo. Los anuncios de inversión que han hecho algunas empresas no dan seguridad, pues hablan de cifras inferiores a los 1.500 millones de dólares que, según los expertos, harían falta para aumentar la producción en la proporción necesaria.

A pesar de estos tropiezos y de estas dudas, la promulgación de las leyes en que se han convertido los contratos introduce la posibilidad de que la credibilidad de Bolivia, tan dañada, comience a repararse. Será la primera vez que un contrato es respetado en el país en mucho tiempo. Y es eso lo que esperan los inversionistas del mundo: que las reglas sean claras, que no se modifiquen unilateralmente y que, en consecuencia, se las respete.

En cuanto a los niveles tributarios, con la plena vigencia de los contratos saldrá a luz los resultados reales de la reforma y de la nacionalización. Desde el 1 de mayo del año pasado hasta ahora estuvo vigente un sistema tributario provisional que consistía en adicionar 32% al 50% comprendido por las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Eso daba 82%, pero en los contratos ha quedado establecido un intrincado sistema de recuperación de inversiones por parte de las empresas, bajo el título de “costos recuperables”.

Las autoridades nacionales han adelantado, ahora, que los contratos están entrando en vigencia, que las tasas tributarias reales oscilarán entre 65 y 82%. Las empresas deberán demostrar cuánto han invertido en cada etapa, para poder descontar de los impuestos. Es probable que los primeros pagos sean muy bajos, en vista de que los descuentos, o costos recuperables, se han acumulado. En una segunda etapa, las tasas podrían subir, aunque no se debe olvidar que las empresas harán nuevas inversiones que, a su turno, tendrán que ser descontadas.

La aprobación de los contratos es una luz de esperanza para las inversiones bajo condiciones estables, al menos por ahora.