• WIPHALAS • Los constituyentes indígenas forman una importante fracción entre los asambleístas. Así, las autonomías originarias tienen asegurado un significativo apoyo.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

La indígena es una ciudadanía que necesitará como gran telón de fondo al Estado plurinacional, destaca el investigador José Antonio Rocha. La reforma estatal originaria que se promueve supera el viejo orden, “no se trata de pedirle concesiones a este Estado, sino a uno nuevo, el Estado plurinacional, unitario y autonómico”.

La ciudadanía plena originaria, entonces, en primer lugar significa la reivindicación política. Según destaca la investigadora de la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente, REPAC, Sorela Paz, la demanda indígena con mayor o menor énfasis insiste en el principio de autodeterminación de los pueblos que, para el caso boliviano, “es un mecanismo de descolonización” del país. De modo que las autonomías indígenas apenas son un paso más en esa autodeterminación nacional.

La autonomía indígena, observa Paz, no está pensada propiamente para conseguir una eficiencia política y administrativa del Estado, y acaso sea ésta una de sus mayores limitaciones, pues no plantea mayores elementos de gestión estatal práctica.

En lo que más insiste es en garantizar la “existencia política de las comunidades étnicas al interior de una sociedad que intenta definirse como plural; su principal apuesta, por tanto, se centra en la posibilidad de trastocar la condición subalterna (colonial) de las comunidades étnicas, otorgándoles el derecho político a regir sobre su destino”, destaca Paz.

Pese a que entre las principales reivindicaciones indígenas se encuentra su especial potestad sobre el territorio, sobre los recursos naturales, éste aún es uno de los temas de mayor debate, recuerda Rocha, especialmente en lo relativo al alcance de esta potestad.

La propuesta autonómica indígena, con las características señaladas, en los hechos plantea al país una “ciudadanía compleja”, esto es, que propone diversas formas del ser boliviano, “maneras polisémicas, formas diferenciadas de pertenecer a lo común”; una ciudadanía que necesariamente debe traer, por ejemplo, la “pluralidad institucional que permita acomodar formas colectivas e individuales de ciudadanía”, insiste la investigadora Sarela Paz.

En el ámbito estrictamente político, la demanda autonómica indígena, destaca el abogado y antropólogo ecuatoriano Diego Iturralde (en la revista Derechos Humanos y Acción Defensorial, del Defensor del Pueblo), también incide en la “ampliación y profundización de la democracia y en la aceptación del pluralismo como una condición de la realidad social”. La ciudadanización indígena, se espera, impulsará la “redemocratización” del país, en el sentido de introducir alternativas de representación y procesos democráticos diferentes de la tradicional democracia “liberal”.

Un efecto suyo, afirma el investigador Mario Galindo, será la pelea por la inclusión social.