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El Bonosol cumple un rol social de notable significación, nada menos que 454.168 personas que se hallan en la edad de la senectud recibieron el año pasado un aporte de 1.800 bolivianos, sin los cuales miles de ellos no tendrían ingreso alguno para su supervivencia, particularmente en las áreas rurales y periurbanas, que es donde está la pobreza extrema.

Existen cálculos de que a esas personas por lo menos se les asegura una comida al día, durante todo el año. A otras les sirven para conservar su buena salud y, por último, a un buen porcentaje de ex trabajadores y ex empleados públicos les ayuda a cubrir diversidad de necesidades insatisfechas.

La advertencia de que pueda interrumpirse la concesión del Bonosol a partir de agosto próximo fue lanzada por el gerente general de BBA Previsión, Ildefonso Núñez, y secundada poco después por Futuro de Bolivia. Estas dos administradoras de los fondos de pensiones (AFP) son las encargadas de entregar el Bonosol a los mayores de 65 años, en el día de su cumpleaños.

Ambas organizaciones tienen a su cargo el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), el cual es financiado con la entrega de una parte de sus utilidades por las empresas capitalizadas y la rentabilidad que pueda captarse con la inversión de éstas.

La causa por la que podría dejar de cumplirse con el Bonosol, desde agosto, se origina en que las empresas petroleras dejaron de aportar sus dividendos para pagar el Bonosol, debido a que tuvieron más pérdidas que ganancias, por efecto de la nueva política de hidrocarburos impuesta por el Gobierno desde el 2006.

El costo del Bonosol del año pasado fue del equivalente de aproximadamente 100 millones de dólares. La previsión de gastos para este año para el Bonosol y el pago de gastos funerarios de los que fallezcan, es de 63 millones de dólares por cada AFP, el total sería de 126 millones. Hasta el presente recibieron 58,9 millones de dólares por concepto de dividendos de las capitalizadas. El déficit para las dos entidades alcanzaría a los 60 millones de dólares, según los informes de sus directivos.

El Ministro de Hacienda, al asegurar que el Gobierno cubrirá dicho déficit, explicó que lo hará cobrando la deuda acumulada por la empresa petrolera Andina, que asciende a 59,9 millones de dólares, por utilidades rezagadas (2001-2006). En caso contrario, sostuvo que hay un “seguro” que es YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), que por el decreto de “nacionalización” de las empresas petroleras tiene que hacer su aporte.

A poco de conocer esta declaración del ministro Arce, la empresa Andina emitió un comunicado diciendo que la Junta de Accionistas —integrada por representantes de los bolivianos y de la compañía— resolvió reinvertir aquel monto en actividades de exploración y desarrollo de los campos. Por tanto, sólo a YPFB le tocaría cubrir el déficit mencionado. ¿Podrá hacerlo? Esta es ahora la incertidumbre.