La autonomía plena gana terreno Al conocer las posiciones de los distintos representantes de la Comisión de Autonomías, se puede concluir que en ella se trabaja en armonía, pese a las diferencias que suscita la autonomía y sus niveles. Lo deseable sería una definición pronta.
El pronunciamiento casi generalizado de la mayoría de las propuestas de diversos sectores es que se establezca en el país el régimen autonómico, como el mejor medio de alcanzar la descentralización plena y, de este modo, darles a los pueblos el derecho de administrar su propia organización institucional, política y económica.
Este veredicto fue puesto de manifiesto por la Comisión de Autonomías de la Asamblea Constituyente, como resultado de las propuestas elevadas a su consideración por parte de organismos cívicos y sociales, así como por Organizaciones Territoriales de Base (OTB), prefecturas, gobiernos municipales, universidades, partidos políticos y otros.
Dicha comisión tiene en su poder 415 propuestas, de las cuales sólo el 10 por ciento exteriorizó su desacuerdo con dicho sistema de organización. En consecuencia, el 95 por ciento de aquellas apoya la aplicación del régimen autonómico, bajo el argumento de que aspira a la autodeterminación, sin que ello afecte en lo más mínimo a la unidad de Bolivia.
El vicepresidente Álvaro García Linera estuvo acertado, en ocasión reciente, al admitir que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) incurrió en un desacierto —en oportunidad del Referéndum Constituyente— al propiciar el voto por el No. En aquella consulta ciertamente el MAS no supo captar el sentir mayoritario de los bolivianos, dejándose llevar por posiciones sectarias, antes que por un gesto de unidad nacional.
La tendencia que se ha producido en forma mayoritaria, según miembros de la referida Comisión de Autonomías, es la de avanzar a cuatro niveles territoriales autónomos, que serían los siguientes: nacional, departamental, provincial e indigenal. El vicepresidente de la comisión, Eduardo Yáñez (MNR), informó a este diario que se sistematizó los planteamientos existentes en dos posiciones.
La primera plantea "que el Estado se organice en la triterritorialidad, es decir el gobierno nacional, el departamental y el municipal". La segunda propuesta favorece "la organización del Estado a nivel cuatriterritorialidad: nacional, departamental, provincial o regional y municipal". La Secretaría de la comisión sostuvo que las propuestas se inclinan más por la aplicación del modelo cuatriterritorial.
En la revisión de las propuestas se reconoció que la gente teme que con una autonomía sólo departamental se traslade el centralismo a un escenario más pequeño. Por ello se plantea también la provincial. Integrantes de la comisión en cuestión creen que si se contemplan las autonomías provinciales, tendrá que haber un referéndum en esas regiones.
Por último, se señaló que "la tendencia es que las autonomías indígenas sean transversales a las departamentales, provinciales y municipales. Es decir, que un municipio con población indígena puede decidir ser un municipio autónomo indígena".
Al conocer las posiciones de los distintos representantes de la Comisión de Autonomías, se puede concluir que en ella se está trabajando en bastante armonía, pese a las diferencias que suscita la autonomía y sus niveles. Lo deseable sería que la definición de este punto se produzca en las plenarias de la Asamblea Constituyente, antes de recurrir al voto ciudadano.