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El anuncio se halla en una carta enviada por ETI al presidente Evo Morales el 30 de abril, que fue revelada por el propio Ejecutivo.

En la nota, ETI sostiene que Bolivia ha incumplido el Acuerdo de Promoción y Protección Mutua de Inversiones suscrito entre el Reino de los Países Bajos y Bolivia, denominado BIT, por la forma en que se han desarrollado las conversaciones para la recuperación de las acciones de Entel.

Estos incumplimientos —dice la carta— han ocasionado una disputa entre el Estado boliviano y ETI sobre el tratamiento dado por el país a las inversiones de la compañía en Bolivia.

´Esta carta sirve para notificar a la República de Bolivia sobre la disputa e invitar a Bolivia a tener consultas con vistas a resolver amigablemente la disputa, en concordancia con el artículo 9 del BIT´. Así, ETI invitó al país a llevar las consultas a un lugar ´neutral´ y a una hora y fecha convenidas mutuamente.

La multinacional propuso reunirse con representantes autorizados el 9 de mayo en Sao Paulo, Río de Janeiro o en Miami. Al respecto, el ministro de Defensa, que funge como interino de la Presidencia, Walker San Miguel, reiteró que el Poder Ejecutivo no negociará fuera de Bolivia.

En la nota, ETI sostiene que el país asumió medidas en contra de las inversiones de la empresa en Bolivia, que han incumplido una serie de protecciones legales establecidas en el BIT.

La empresa se mostró ´sorprendida y preocupada´ por el Decreto 29087, que instruye la creación del comité encargado de negociar con Telecom Italia, subsidiaria de ETI, para recuperar la propiedad de Entel.

ETI basa su argumento sobre el incumplimiento del país al BIT en la aprobación de los decretos 29101, sobre la transferencia al Estado de las acciones que las AFP manejaban; y el 29100, que abroga la norma que certificaba que Telecom había cumplido con las inversiones comprometidas.

´Los dos decretos descritos anteriormente claramente contienen graves consecuencias para las inversiones de ETI´.

Desde la ciudad de Milán, Telecom Italia emitió un comunicado de prensa anunciando que la empresa ´tiene la intención de emprender todas las acciones para salvaguardar sus inversiones´.

La compañía aseguró que, a la fecha, sus inversiones en Bolivia alcanzan $us 720 millones, superando el compromiso de $us 610 millones de inversión.

´El diálogo debe ser en el país´

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo ayer que el Gobierno no dialogará sobre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fuera del país. El anuncio fue realizado tras informar sobre una carta enviada por Euro Telecom International NV (ETI) y la invitación de la empresa para dialogar en Brasil o EEUU.

´En primer lugar, el Gobierno boliviano no asistirá a ninguna reunión fuera del país. Es un tema de principio y le debe quedar muy claro a ETI Euro Telecom: la empresa Entel tiene domicilio legal aquí en Bolivia, por consiguiente todo lo que le concierna respecto a un proceso de transferencia de acciones u otro se va a desarrollar en Bolivia´, afirmó San Miguel.

El ministro indicó que en la nota se realiza ´un anecdotario, un glosario de eventos´. ´De manera que no existe en esta nota, aparte de esos episodios intrascendentes, ningún punto que realmente genere violación al tratado al que hace referencia´.

Según ABI, San Miguel dijo que ´la invitación que hacemos es que estos ejecutivos conversen con el Gobierno de manera rápida y transparente frente al pueblo boliviano. Si no lo hacen, quiere decir que quieren irse o ya se han ido. Y, en ese contexto, el Gobierno asumirá otras medidas´.

Partes dEl acuerdo con Holanda

Artículo 3 (parágrafo 1) • Ambos países deben asegurar un tratamiento ´justo y equitativo´ a las inversiones mutuas, sin perjudicar el uso y administración de las mismas a través de medidas ´irracionales o discriminatorias´.

Artículo 3 (parágrafo 2) • Cada país debe conceder a las inversiones ´total seguridad y protección´ que no debe ser menor a la concedida a las inversiones nacionales o de terceros países.

Artículo 6 • Indica que ninguno de los países debe tomar medidas que priven directa o indirectamente a los empresarios de sus inversiones; salvo que dichas medidas sean tomadas bajo un debido procedimiento legal; que no sean discriminatorias o contrarias a las garantías dadas o que estén acompañadas por una ´compensación justa´, equivalente al valor genuino de las inversiones afectadas y pagada en la moneda del país del inversionista afectado.