Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

El CIADI, como su nombre lo indica, no es dirimidor de los conflictos que puedan tener las partes. Su función más bien es la de buscar vías de entendimiento, conciliando intereses y desinteligencias que surjan entre los gobiernos y las empresas que acudan a su seno. En rigor de verdad, la función que cumple el CIADI es la de pacificador y, en caso alguno, de creador y menos de incitador de pugnas que deriven en juicios, para los que tiene que apelarse a otros ámbitos.

El hecho de que el CIADI sea un órgano conciliador del Banco Mundial es una garantía para promover las buenas relaciones entre los Estados y los inversionistas. En caso alguno, a menos que sólo se tengan prejuicios políticos o ideológicos contra este organismo, está para dañar a los países que reciben su cooperación, mediante créditos blandos para impulsar su crecimiento.

Si se revisa lo mucho que el Banco Mundial ha hecho por Bolivia, se tendrá la certeza de que, en vez de que sea un Banco que busca el lucro, su existencia y funcionamiento están dedicados a mejorar las condiciones económicas y sociales de los pueblos en proceso de desarrollo.

El Banco Mundial ha sido un singular amigo y no un antagonista de Bolivia, tanto es así que siempre estuvo dispuesto a concederle préstamos para su desarrollo. Su conducta, desde que empezó a operar, siempre fue así. Incluso el actual Gobierno es receptor de los mismos. Pero aquella institución financiera tuvo un gesto más, el año pasado le condonó a Bolivia su deuda, cuyo monto ascendía a 1.500 millones de dólares.

Aunque no trascendió a la prensa, pero no habría que descartar la probabilidad que en determinado momento la brasileña Petrobras; la Gleencore, que es la compañía suiza que tiene los títulos de propiedad de la Fundición de Vinto, y, por último, la italiana Entel, pidan recurrir al CIADI para conciliar las diferencias que se sostienen con el Ejecutivo.

Si tal fuera el caso, lo único que sucedería es que se estaría buscando un órgano mediador de las diferencias que habrían y ante las dificultades que existan para allanarlas en el plano bilateral. Solamente en el caso de que fracasara el recurso a esa instancia, las partes podrían acudir a un tribunal internacional que falle a favor o en contra de una de ellas.

La decisión de retirarse del CIADI, en vista de tales circunstancias, parece haber sido una equivocación producto de la iracundia ideologizada. Lo correcto era poner en práctica el razonamiento sereno y equilibrado para manejar los intereses del país en instancias que bien podían haber, incluso, salir a favor de Bolivia de comprobarse irregularidades e incumplimiento de compromisos de inversión.

Así como están las cosas, y ante la decisión adoptada, lo que se ha mostrado a los inversionistas es el puño duro con que pueden ser tratadas. Y esto, a pesar de que el presidente Morales dijo —el 1 de mayo— que Bolivia necesita dinero para invertir, explorar, explotar e industrializar sus riquezas.