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El lunes, la sede de gobierno fue paralizada por marchas protagonizadas por ropavejeros, gremialistas y discapacitados. Los primeros iniciaron su demanda de ampliación del plazo para importar ropa usada. Los segundos por peticiones ante la Alcaldía de La Paz y los terceros demandaron el pago de un bono anual.

Ayer, los estudiantes de la UPEA, que sumaban cerca a 2.500, marcharon desde El Alto hasta el centro paceño pidiendo reformular el proyecto de Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez. “Estamos demandando la incorporación de todas las carreras de Ciencias de la Educación en la nueva ley de educación (Avelino Siñani-Elizardo Pérez) porque esta ley es totalmente excluyente para todos los que intervenimos en el quehacer educativo. Queremos aportar con nuestra formación”, declaró Juan Carlos Machaca, uno de los representantes de los universitarios alteños.

Por su lado, cerca a 3.000 estudiantes del nivel Secundario de El Alto, pidieron a las autoridades del Ejecutivo ordene al Ministerio de Educación la dotación gratuita de certificados de bachiller. De lo contrario, dijeron que intensificarán sus medidas de presión.

La realización de estas protestas, según el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, se debe a que el Gobierno “no atiende a los sectores pobres y no cumple con los convenios”. Advirtió que esta organización laboral podría sumarse a las movilizaciones. Agregó que esta situación conflictiva continuará si el Ejecutivo no atiende el pliego petitorio que ya fue presentado a las autoridades.

Otro conflicto paradójico que se manifestó ayer, fue el desatado por alrededor de 100 policías del Batallón de Seguridad Física, quienes marcharon en inmediaciones del Ministerio de Gobierno, exigiendo el cumplimiento del Poder Ejecutivo de incorporarlos al escalafón policial.

El sector mantuvo una reunión ayer con el Alto Mando de la Policía. Las autoridades dijeron que los efectivos de seguridad física recibieron en sus papeletas del mes de abril el salario básico de la Policía de Bs 940. Sin embargo, los efectivos policiales negaron ese incremento y rompieron el diálogo.

Por otra parte, los comerciantes de ropa usada marcharon en el centro paceño donde iniciaron una vigilia la noche del lunes. “Las marchas se intensificarán y las medidas de presión se radicalizarán”, sostuvo ayer el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de Ropa y Prendería a Medio Uso, Wálter Mamani.

También anunció que los comerciantes de ropa de segunda mano no se irán de la sede de gobierno hasta lograr la ampliación del plazo de importación de ropa a medio uso a tres años más.

El sector de los discapacitados que exigen un bono anual de Bs 5.000 volvieron a manifestarse, pero con menor fuerza. Su principal dirigente, Jaime Estívariz, señaló que desde hoy tomarán las instituciones estatales a nivel nacional, como una medida de presión. Ocho de sus afiliados instalaron un piquete de huelga de hambre en un centro de ortopedia privado en la urbe paceña.

El sector salud, mantiene sus medidas de presión y aún no se avizora una solución porque ninguno cede para iniciar el diálogo.

“La ley es totalmente excluyente... Queremos aportar con nuestra formación”.
Carlos Machaca, estudiante de la UPEA