La cultura de la presión Es lamentable que los conflictos actuales dibujen una realidad que se creía podía ser superada, empero los altos niveles de conflictividad en el país persisten y no han disminuido. El Gobierno está confrontando una cultura de la presión que crece...
La cultura de la presión está impuesta en Bolivia. No hay sector social que no reaccione frente a sus demandas bajo la lógica que puede conseguir respuesta sólo con presión. Acción traducida en el ejercicio del derecho a la protesta que la mayoría de las veces va más allá de la huelga o de la movilización legítima y sobrepasa los límites de la tolerancia ciudadana, incidiendo en manifestaciones perversas, perjudiciales e inhumanas como el bloqueo, la toma de instalaciones o de rehenes, la agresión, la confrontación, las crucifixiones o los métodos que amenazan la salud o la vida de los movilizados y de los afectados por la movilización.
Los sectores sociales están incurriendo en una peligrosa forma de imposición de la cultura de la presión que desde ningún punto de vista puede pretender sustituir a los mecanismos y herramientas que los sistemas democráticos han creado para el entendimiento de las sociedades como son el diálogo, la negociación, la concertación y el consenso.
El Gobierno confronta quizá la primera crisis social de su gestión con el estallido simultáneo de varios conflictos de diversa índole y desde diferentes frentes sectoriales que bajo la cultura de la presión intentan sembrar zozobra.
Empero, ni los salubristas ni los maestros, menos los contrabandistas de ropa usada pueden pretender conseguir sus propósitos por la vía del conflicto y la confrontación con el Ejecutivo.
Menos aún sosteniendo la paralización de actividades, que no es otra cosa que la atención de hospitales, en el caso de los trabajadores en salud. Los salubristas están con sus medidas de presión —más allá de si son o no legítimas y justas— atentando contra la vida de las personas y frente a esa medida de presión, el Gobierno tiene las posibilidades y la responsabilidad de tomar las determinaciones que vea conveniente para velar por la salud de los ciudadanos.
Otro asunto diferente es el conflicto que el Ejecutivo se ha generado con los policías de la unidad de Seguridad Física Privada. Un conflicto gratuito en vista que existía un compromiso previo que aparentemente fue cumplido a medias por el Gobierno. Ya se ha mencionado que en la administración pública existen pecados capitales, y entre ellos están la ineficiencia y la omisión.
Este conjunto de conflictos llevan a la misma conclusión que en el país se viene arrastrando desde diferentes gestiones de gobierno, una ineficaz gestión y manejo de conflictos. Una muestra de ello es aquella práctica gubernamental de firmar compromisos, que se sabe no se cumplirán ni en plazos ni en posibilidades reales, sólo para aplacar presiones sectoriales.
La gestión del conflicto no pasa por enfrentar los problemas cuando éstos han llegado y sobrepasado las capacidades de resolución, pasa por atender las demandas desde el momento en que son planteadas por los sectores y por la búsqueda de mecanismos que satisfagan a las partes.
Es lamentable que los conflictos actuales dibujen una realidad que se creía podía ser superada, empero los altos niveles de conflictividad en el país persisten y no han disminuido.
El Gobierno está confrontando una cultura de la presión que crece y se magnifica peligrosamente sin el manejo adecuado de una gestión de conflictos.