Capitalía plena
Gastón Solares Ávila*

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Cuando fue fundado el país, Sucre, entonces todavía con el nombre de Chuquisaca, fue designada como capital provisional de la nueva República. Quedó establecido que la capital definitiva tendría el nombre de Sucre en homenaje al vencedor de Ayacucho.

Mediante Ley de 12 de julio de 1839 se cambió el nombre de Chuquisaca a Sucre y la ciudad se convirtió en capital definitiva de Bolivia. Inclusive se determinó presupuestar el monto necesario para construir la infraestructura requerida para el funcionamiento de los poderes del Estado, lo que nunca se cumplió.

Por la llamada ‘guerra federal’ de fines del siglo XIX, la sede de gobierno se trasladó a La Paz, después de sucesos tan horrendos como los de Cosmini y Ayo Ayo. La guerra dio el triunfo a la ciudad del Illimani, en la que desde entonces funcionan el Poder Ejecutivo y también el Legislativo, aunque indebidamente, porque el artículo 46 de la actual y de las anteriores Constituciones establece que éste debe reunirse en la capital de la República, pudiendo hacerlo en otros lugares pero con carácter de excepción.

Sucre se quedó con el Poder Judicial reclamando constantemente por el retorno de por lo menos el Poder Legislativo, objetivo que cada vez tiene más apoyo. Últimamente, como consecuencia del trabajo de la Asamblea Constituyente, autoridades e instituciones de la ciudad han iniciado una campaña buscando apoyo ciudadano para persuadir al país de la conveniencia de esta justa reivindicación.

Obviamente, no todos le han brindado su apoyo porque especialmente La Paz ha reaccionado adversamente, con el argumento de que la guerra da derechos, con lo que queda sepultada nuestra intención de retornar al mar, lo que ya mencionamos hace muchos años.

Los argumentos históricos y legales le dan la razón a Sucre, pues en la indiscutible capital boliviana nació la República, pero la han dejado como capital histórica consolándola con sus muchos pergaminos y sin posibilidad de ejercer la capitalía, que es la que se quiere recuperar, en cuyo caso la polarización existente entre oriente y occidente disminuiría y se integrarían los departamentos deprimidos del país a los de mayor desarrollo.

Indudablemente que esta intención chuquisaqueña es parte de un proceso que debe comenzar con el retorno del Poder Legislativo, pues nadie pretende cambiar de capital de la noche a la mañana. Aquello de que no haya infraestructura para el Legislativo ha quedado desvirtuado con el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, que tiene 98 miembros más que los 157 parlamentarios. El presupuesto del Congreso Nacional, de alrededor de 25 millones de dólares, sería una inyección muy importante que permitiría generar la demanda para justificar la construcción del ansiado nuevo aeropuerto. A la economía paceña no le afectaría significativamente, como no le afectó durante toda la época de la dictadura cuando no hubo actividad congresal.

El tema del Poder Ejecutivo es más complicado, pero como todo proceso toma su tiempo, podría pensarse en que hasta el 2025, o sea hasta el Bicentenario de la fundación de la República, se lleve a cabo un cronograma que permita consolidar la propuesta chuquisaqueña.

El tema de la capitalía es ciertamente complejo, por lo que hay que evitar un nuevo enfrentamiento entre bolivianos, recurriendo a la constancia y a la persuasión en busca de un desenlace justo y conveniente al interés colectivo, que tiene que tener prioridad sobre los intereses políticos y sectarios.

*Gastón Solares Á.
es empresario y vive en Sucre.