Todo conflicto debe ser visto desde el equilibrio. La protesta que mantienen las personas con capacidades especiales o discapacitadas es justa en la medida que están procurando la atención del Gobierno a demandas insatisfechas que nadie las cubre. Sin embargo, hacer una exigencia que podría poner en riesgo a un conjunto mayor de la población no es racional ni es posible.
La creación de un bono anual de 5.000 bolivianos es un exceso. Es una solicitud ambiciosa y descabellada. Nadie niega que las personas discapacitadas tienen necesidades particulares, también habrá que reconocer que la sociedad boliviana se constituye en discriminadora a la hora de brindar trabajo, cobijo o servicios. Pero de allí a pretender un bono de ese monto en un país como Bolivia, no parece lógico. Eso sí, lo reprochable es el trato inhumano que le están dando a los manifestantes.