No es justicia comunitaria
Luis Eduardo Siles*

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Lo impresionante de la denominada “justicia comunitaria” no es la cantidad de crímenes que se cometen sino el descaro vehemente con el que, cínicamente, sus defensores niegan que esos hechos le sean atribuibles. ¿Javier Roque fue enterrado vivo en Tarabuco? ¿Una mujer de la comunidad Chiru Kasa corrió la misma suerte por adulterio? ¿Gregorio Paco fue golpeado por una turba hasta morir? ¿En Chojñacawa, seis ladrones de ganado fueron asesinados? ¿En el ayllu Chullpa un supuesto ladrón fue quemado vivo y luego agonizante fue ahorcado?

Que nadie saque conclusiones de éstos ni de los cientos de hechos que se cometen en las comunidades rurales y peri urbanas del país, porque ninguno de estos casos es “justicia comunitaria”, probablemente los autores son esquimales, marcianos, o neoliberales. Esa es la respuesta de las autoridades del ramo y de quienes pretenden que esta “justicia” equivalga a la justicia ordinaria. Lo que efectivamente ocurre en la comunidad no es justicia comunitaria.

Las investigaciones evidencian que, entre otras cosas, en la justicia comunitaria no existe defensa, hecho que ilustra como pocos el proceso de regresión civilizatoria que vive Bolivia. Esta involución, definida por la ideología de una gran parte de los actores de gobierno, no abarca sólo la administración de justicia sino la comunicación y se pretende ya que incluya la educación. El discurso predominante ha llegado a banalizar grados de cinismo primitivo y elemental si no es de franca estupidez oscurantista que configuran un retroceso al medioevo. Así como la “justicia comunitaria” establece “rituales para descubrir la verdad” y mecanismos de autoritarismo secante donde las autoridades son policías, fiscales, jueces y verdugos a la vez.

No tiene derecho a la defensa ni el modelo económico que se critica pero cuyos resultados se atribuyen los propios críticos, el sistema político gracias al cual el MAS es gobierno, los ex presidentes enjuiciados, ni los disidentes del partido oficialista, ni los medios de comunicación que no coincidan con la línea oficial, ni las autoridades elegidas, ni las decenas de ciudadanos linchados por turbas vecinales o políticas. Todos han sido expeditamente condenados sin apelación y sin defensa.

¿Y cuáles los antecedentes de los instauradores del sálvese quien pueda nacional? El Presidente es el líder de organizaciones cuya producción se destina en un 95% al narcotráfico. El Vicepresidente fue salvado por el “implacable sistema jurídico” de pasar más tiempo en la cárcel a pesar de organizar ejércitos rojos y actividades de terrorismo y ahora pide una indemnización, especializándose, con desenfadada ambigüedad, en azuzar los ánimos y después apaciguarlos. El oficialismo facilitó el asalto a una huelga de hambre en una iglesia y humilló a la Policía por impedir que las hordas masistas incendiaran Cochabamba. Los recuperadores de YPFB no perdieron tiempo en planificar negociados y luego de descubiertos fueron premiados con cargos diplomáticos. Los bloqueadores de ayer reprimen hoy a discapacitados en sillas de ruedas.

Nadie niega que puedan existir aspectos valiosos en la justicia comunitaria y que la misma haya suplido en alguna medida las falencias de la justicia ordinaria. Pero si lo que se pretende es poner en el mismo rango un sistema que permite que acusados sean enterrados vivos y se institucionalice la Ley del Talión política y jurídicamente, entonces nuestras perspectivas sólo pueden ser sombrías.

*Luis Eduardo Siles
es ex diputado por el MNR.