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El financiamiento a los partidos fue establecido en la Ley de Partidos, como un medio para evitar que en las elecciones se produzcan injerencias financieras ilegítimas, como el de las empresas privadas, organizaciones extranjeras e incluso el narcotráfico, como se sospechaba que ocurría en el pasado.

La idea de financiar a los partidos políticos desde el Estado, en última instancia, está dirigida a rodear a los procesos electorales de la mayor transparencia posible, con la finalidad de que el voto ciudadano no sea deslegitimado con acciones fraudulentas, que afecten a una contienda electoral.

En las democracias maduras es una norma establecida por la que el Estado es el único financiador de los partidos, cuando se realizan actos electorales. Esta es la demostración más clara de que los partidos, por sí mismos, no están en condiciones de financiar sus gastos electorales, no obstante que, como organizaciones institucionalizadas, cuentan con las cuotas de sus militantes políticos.

La situación se justifica mucho más en países como Bolivia, en que las alineaciones partidarias, en gran medida, no aportan a sus partidos con cuotas mensuales o extraordinarias, debido a las carencias económicas que afectan a la mayoría de la población nacional.

El caso de México es altamente significativo para hacer una comparación sobre el particular. El Estado cubre la totalidad del financiamiento para asegurar la participación de los partidos, con la finalidad de que no se produzcan exclusiones ni financiamientos irregulares que resultarían ser antidemocráticos. La circunstancia es más destacable, considerando que el ingreso per cápita de su población es infinitamente superior al que tienen los bolivianos.

Es también necesario anotar que el financiamiento que se otorgó en los últimos años a los partidos bolivianos fue debidamente fiscalizado, al punto en que se dieron casos en que la Corte Nacional Electoral, por cuyo conducto se entregan los fondos públicos, ha realizado acciones judiciales e inclusive eliminó inscripciones de partidos que no justificaron los gastos ejecutados.

Es evidente y loable que el Movimiento al Socialismo (MAS), que también ha sido beneficiado con el financiamiento del Estado, en el pasado, por lo menos en dos ocasiones, devolvió parte de los aportes recibidos en señal de transparencia.

Ahora resulta extraño que sugiera la eliminación del financiamiento a los partidos políticos, más cuando se conoce del riesgo de que los partidos políticos al no contar con sustento económico puedan acceder a otras fuentes de financiamiento con el consiguiente efecto perverso sobre el sistema político.

En definitiva, el financiamiento fiscal a los partidos da margen a que todos los participantes en los procesos electorales lo hagan en igualdad de condiciones y con transparencia en el uso de los recursos. Eliminar el subsidio podría significar un retroceso y abrir la compuerta para que los partidos busquen fuentes que no precisamente sean transparentes e incondicionales.