Una difícil relación
María Teresa Zegada*

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Cuando los prefectos eran designados por el Presidente de la República, se convertían en simples delegados del Poder Ejecutivo, totalmente funcionales al gobierno de turno. A partir de las elecciones de prefectos en diciembre del 2005 se ha creado una nueva figura que no sólo no es compatible con la actual normativa constitucional y legal vigentes, sino que además crea profundas tensiones políticas que redundan en la eficiencia y eficacia de la gestión departamental.

Si bien la elección de prefectos ha significado un paso importante hacia una veraz descentralización —proceso hacia el cual se encamina el país irremediablemente desde hace varios años—, y ha respondido a uno de los factores críticos de la coyuntura, la forma en que fue realizada, sin un marco legal adecuado y de manera apresurada, genera conflictos permanentes en la gestión.

Durante el año 2006 se realizaron vanos intentos de lograr una concertación entre el Gobierno central y los prefectos electos, que fracasó particularmente por injerencia de factores políticos. En abril de ese mismo año, se aprobó un decreto supremo, el 28666, que establece algunas pautas para la nueva administración prefectural y la coordinación y armonización de las políticas departamentales con las políticas nacionales. Sin embargo, este decreto, además de que no es cumplido a cabalidad, no ha resuelto los problemas estructurales de dicha relación.

El incremento del presupuesto de las prefecturas por efecto del IDH ha agudizado más aún las tensiones, porque ha generado recelos en relación con el destino de estos recursos. Algunos diagnósticos recientemente realizados demuestran la desarticulación en la gestión de los recursos financieros y problemas en la definición de programas y proyectos entre los distintos niveles de gobierno, así como una incongruencia en la organización interna de las prefecturas y la escasa institucionalización de sus estructuras, todo ello redunda en los resultados de la gestión.

Pero el aspecto que mayores tensiones genera es sin duda el político, la disputa por los espacios de poder. Existen conflictos permanentes entre el Gobierno central y las prefecturas de oposición política al Gobierno como son las de la media luna, Cochabamba y La Paz, que en el caso extremo, llevaron a enfrentamientos entre ciudadanos con resultados lamentables como el 11 de enero en Cochabamba.

Es de esperar que, como resultado de la Asamblea Constituyente, se establezca una nueva normativa clara en relación con la autonomía de los gobiernos departamentales, sus atribuciones y competencias, formas de elección, mecanismos de legislación y fiscalización así como su relación con los otros niveles de gobierno. Mientras tanto, habrá que apelar al sentido común y voluntad política tanto de autoridades nacionales como departamentales para buscar estrategias de concertación y encaminar de la mejor manera posible los procesos de gestión. Se trata de una tarea nada fácil de asegurar una transición que no desatienda las múltiples necesidades económicas y sociales de las regiones.

*María Teresa Zegada
es socióloga.