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Por un lado, están las normas que amparan el derecho del Estado a preservar el área protegida y velar por el manejo sostenible de los recursos naturales, así como está el reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen que habitan dentro del Parque. A esto se confronta el derecho que reclaman los pobladores de las localidades aledañas o circundantes al Madidi, no sólo por la tenencia de la tierra dentro del área, sino también por el aprovechamiento de los recursos naturales.

Y claro en medio de la exigencia de derechos se están entrecruzando los intereses económicos de grupos, expectativas acumuladas en los sectores y demasiados oportunistas.

Según los expertos, el conflicto en el Madidi tiene un pecado original. Y es que desde el momento mismo en que se crea vía Decreto Supremo 24123 de septiembre de 1995 el Parque Nacional y Área Nacional de Manejo Integrado Madidi, donde se establece la importancia y la potencialidad biológica pero además económica del área, se generan demasiadas expectativas respecto más de lo último que de lo primero.

Paralelamente, a la vigencia de la Ley del Medio Ambiente y de la creación del parque Madidi, el Estado en 1996 dicta la Ley INRA donde reconoce los derechos de los pueblos indígenas con la constitución de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), empero con una visión de uso tradicional del espacio y no acorde, por ejemplo, con la forma de vida de las comunidades Tacana, Lecos y otras que habitan dentro del Madidi, y cuyas actividades productivas están ligadas a la recolección, la caza y la pesca.

El estatus de área protegida que le otorga el Estado al Madidi, en legítimo derecho, se ha convertido para quienes están fuera del Parque en una limitante para el aprovechamiento de los recursos naturales, en particular los maderables concentrados en las especies de mara y cedro —valiosas en el mercado nacional e internacional—.

Aquello significó, entonces, desde un principio la creación de una oposición de facto entre campesinos y colonizadores —de conocida ligazón con procesos extractivos intensos de madera en la zona— que acabaron formando la alianza que ahora ha tomado el Madidi por la fuerza usufructuando el derecho de terceros. Las incursiones de colonizadores al Madidi no son nuevas. Estos actores en su mayoría migran al norte de La Paz con la esperanza de mejorar su calidad de vida, aspecto que el Gobierno deberá tomar en cuenta el momento de plantear una solución.

Por donde se observe, el conflicto en el Madidi es complejo, porque está confrontando, además, fuertes intereses económicos con, hasta ahora, dos actores visibles: campesinos e indígenas. En ese contexto, el Ejecutivo deberá precisar cuál será el rol que jugará en medio de las enormes expectativas que él mismo ha creado sobre el ejercicio de derechos respecto de la tierra, el territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Y aunque la solución parecería asomar a partir de la aplicación de la normativa que rige en el país sobre la temática, será vital definir, primero, el límite de los derechos.