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Los cuatro miembros del Tribunal Constitucional están siendo víctimas de un acoso desproporcionado por parte del Gobierno y de sus parlamentarios. Una sentencia de aquel órgano, el mayor dentro del ordenamiento judicial del país, dio lugar a que sus magistrados sean sometidos a juicio de responsabilidades, en el Congreso Nacional, por presunto prevaricato.

El conflicto se originó en la decisión del Tribunal Constitucional de dejar cesantes a cuatro profesionales nombrados interinamente por el presidente Evo Morales, en cumplimiento de una previsión constitucional que establece que los interinatos en ese órgano no pueden exceder los tres meses, como ocurrió en este caso. Los titulares deben ser nombrados por el Congreso Nacional.

El Mandatario rechazó el fallo alegando que tenía motivaciones políticas. En vista de ello, los ministros recurrieron al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la controversia. La sentencia de este órgano confirmó lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

En medio de diatribas al Poder Judicial, el mandatario Morales solicitó al Congreso Nacional que el Tribunal Constitucional sea sometido a juicio de responsabilidades, por estimar que incurrió en prevaricato, al estar actuando bajo la influencia de la oposición política.

Ahora, cabe esperar que el trámite del juicio se cumpla en un marco de estricto apego a las normas legales, sin incurrir en anomalías y menos en excesos que dañen la relación de los poderes del Estado, como ocurrió ya.

Además, no había que perder de vista que institucionalmente aquel cuerpo judicial es merecedor de respeto y consideración, tanto por la jerarquía que inviste, como por la circunstancia de que en su composición figuran dos mujeres de larga y reconocida trayectoria profesional.

El antecedente de esta ingrata situación tendría que ser motivo de un desapasionado examen, pues no parece ser que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional coincidan en un mismo error, al interpretar de igual forma un precepto constitucional.

En todo caso, sea como fuere, lo más lamentable de lo ocurrido es que los cuatro tribunos fueron mal tratados en el Congreso, por parte del Comité del Ministerio Público, al extremo de haber emitido mandamientos de aprehensión.

Además, trató de ignorar el hecho de que los tribunos oportunamente presentaron un recurso de excepción de incompetencia, como pudo evidenciarse en el libro de recepción de correspondencia de la Cámara de Diputados, y otro de suspensión de la audiencia que debía efectuarse para recibir sus declaraciones indagatorias, en tanto no se resuelva el primer recurso.

Aparte de estos pormenores, que cobran suma importancia en los trámites judiciales, lo penoso para el sentimiento nacional es que se extienda el conflicto de poderes.

Al mismo tiempo, resulta infortunado que en el caso se produzcan injerencias de orden político, tanto del oficialismo como de la oposición. Los tribunos, frente a los sucesos, han manifestado su sentimiento de orfandad en su propia casa, más cuando Santa Cruz ha mostrado solidaridad por la situación.