Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Esa regularización especial permitiría dar una salida a los aproximadamente 230.000 inmigrantes bolivianos irregulares que viven en España, a los que se suman otros 70.000 regularizados, indicó Behotegui durante una rueda de prensa.

Recordó que España dispuso procesos de regularización específicos con Ecuador y Colombia después de que a los ciudadanos de esos dos países se les pidiese visado para entrar en España, al margen de las regularizaciones generales para el resto de extranjeros.

Sin embargo, en el caso de Bolivia, no se ha producido una decisión administrativa similar a pesar de que, desde abril, los bolivianos necesitan un visado para viajar a la UE.

Por ello, Behotegui pidió una solución para los bolivianos residentes en España que les permita acceder al arraigo antes de los tres años que exige la ley.

La regularización especial, dijo, permitiría solucionar el problema que supone el gran número de ciudadanos bolivianos que residen de forma irregular en España, "algo que no conviene ni a Bolivia ni a España".

El Estado español, aseguró Behotegui, no va poder echarlos, porque "no tiene capacidad para echar a tanta gente", y debería tener en cuenta que los bolivianos se adaptan mejor a la cultura española que otros inmigrantes y que el índice de delincuencia es muy bajo entre ellos.

Para el cónsul de Bolivia, la exigencia de visado para entrar en la UE no es negativa en sí misma pero no soluciona el problema, algo que, a su juicio, exige una mejor distribución de la riqueza y de las relaciones entre los países ricos y pobres.

"El colonialismo en el mundo ha dejado eso y, mientras no hagamos un esfuerzo conjunto por disminuir la brecha" entre países ricos y pobres, no habrá una solución a largo plazo, en opinión del cónsul de Bolivia.

Con el fin de permitir el desarrollo económico de Bolivia, Behotegui cree necesaria una reducción de los aranceles y de las exigencias administrativas a la importación de productos procedentes de ese país por parte de la UE. Las Palmas de Gran Canaria (España), EFE