Dinero dudoso y desinformación acechan a propaganda electoral El Estado financia las campañas políticas que destinan más del 50% a publicidad, un ítem que el Ejecutivo pretende eliminar para ahorrar al país Bs 90 millones.
Más del 50 por ciento del dinero estatal para las campañas de los partidos políticos se destina a la propaganda, según fuentes políticas y operadores de dichas campañas. Si el Gobierno logra que se apruebe la propuesta presentada al Congreso Nacional, para eliminar el financiamiento, el país ahorrará 90 millones de bolivianos. Pero, según expertos y políticos, esta forma de economizar puede traer problemas para la democracia, entre ellos la corrupción en los partidos y la desinformación de los votantes. Porque se necesita dinero para llegar a todos ellos.
Operadores políticos del MNR, MIR y Podemos calcularon que el 60% del presupuesto de una campaña se destina a la difusión de propaganda en los medios de comunicación, justamente el ítem que actualmente es cubierto por el aporte estatal.
Los otros ítems son impresiones, movilizaciones de gente, organización de concentraciones y recorridos de los candidatos por todo el territorio nacional. La forma de solventar los gastos son los aportes de la militancia, de los candidatos, de los trabajadores de la administración pública en manos del partido, el sector privado y las organizaciones partidarias internacionales.
Una fuente importante, entre las mencionadas, es el aporte obligatorio que hacen los militantes que ocupan cargos en la administración pública. Por ejemplo, actualmente los masistas se someten a un descuento de entre el 5 y el 10 por ciento de su salario, monto que va al instrumento político, según admitieron el subjefe del MAS, Gerardo García, y el jefe de la bancada del MAS en Diputados, Gustavo Torrico, quien detalló que “con estos recursos se está pagando la casa del MAS”.
Tomando en cuenta aportes mínimos de Bs 50 (si el salario es de Bs 1.000) y que la administración pública cuenta con aproximadamente 40.000 funcionarios, si todos aportaran depositarían mensualmente Bs 2.000.000.
Los militantes, que deben ser al menos 50.000 para que su partido sea reconocido, también aportan, aunque no siempre con dinero en efectivo, pues está la opción del apoyo logístico. En el caso del MAS, sus bases cocaleras del Chapare aportan disciplinadamente desde hace años.
El aporte de los candidatos es importante. Según operadores del MNR, MIR y Podemos, que pidieron reserva, el mayor aporte lo hace el candidato a la Presidencia y el gasto más importante es para asesoría. Por ejemplo, uno de ellos reveló que en el 2002 Gonzalo Sánchez de Lozada pagó de sus bolsillos “unos $us 300 mil a sus asesores extranjeros”.
En el caso de los candidatos a diputados y senadores, los aportes varían y se dividen entre su propia campaña y la del candidato a la Presidencia.
También están los aportes de sectores privados y de organizaciones multipartidarias afines. El 2002 se conoció que Manfred Reyes Villa (NFR) recibió ayuda del Partido Republicano de EEUU y el MNR denunció que también de la secta Moon. Podemos denuncia que Evo Morales recibe recursos del gobierno venezolano para una futura elección. En todo caso, ese tipo de aportes es secreto. El presidente de la Corte Nacional Electoral, Salvador Romero, dijo que en los 10 años de vigencia del financiamiento estatal sólo se pudo fiscalizar este rubro.
Jaime Navarro, dirigente nacional de UN, opinó que suspender ese financiamiento “le haría un grave daño al sistema democrático” y el ex vocal de la CNE, Jorge Lazarte, opinó que sería “un retroceso” y que debería avanzarse en la fiscalización de los aportes privados a las campañas.
El ex parlamentario del MIR Hugo Carvajal recordó que hay financiamiento estatal “porque se detectaron financiamientos irregulares o no muy transparentes y en momentos en los que no se quería que haya un dueño de un partido o la total dependencia de un único financiador”. Pero, reconoció que en 10 años “no se alcanzaron los objetivos deseados”.
Gustavo Aliaga, dirigente de Podemos, mencionó que “lo importante de la legislación actual es que hoy se conoce cuánto se invierte en publicidad y con qué recursos se pagan”.