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La contraposición. Los campesinos afirman que los indígenas tienen más tierras y que por eso exigen una redistribución equitativa.

Las zonas de conflicto. Los campesinos sostienen que las zonas de posible conflicto están en oriente y valle, donde hay más TCO.

El Gobierno. El Ejecutivo busca reunir a ambos sectores en una mesa para concertar la distribución de tierras y evitar más conflictos.

Daniela Romero y
Juan José Cusicanqui
Periodistas de La Razón

El conflicto desatado en los últimos 15 días en Apolo reveló que la pelea por tierras deja de ser una lucha de los que no la poseen con los terratenientes y pasa a una pugna entre campesinos e indígenas. Esta situación, alertan sus dirigentes, podría desencadenar en una guerra civil en Santa Cruz, Beni y Cochabamba.

Las visiones que tienen los dos sectores respecto a la tenencia y al trabajo de la tierra son contrapuestas, quizás ése es el origen del descontento y la disputa por la propiedad. Mientras los campesinos dicen que tienen poca extensión de terreno y quieren más para trabajarlas, frente a los indígenas que poseen espacios más grandes; éstos justifican su tenencia señalando que no la explotan como los primeros y viven en armonía con la biodiversidad, de la caza, la pesca y de cultivos pequeños para su sobrevivencia.

“Se nos puede avecinar una gran guerra civil en Bolivia”, sentenció el vicepresidente de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas de Bolivia, Víctor Hugo Velásquez, quien añadió que si en estos momentos existe una división y pugnas entre indígenas y campesinos, “es total responsabilidad del Gobierno”.

Por su lado, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rufo Calle, señaló que el conflicto de Apolo —donde las “tierras (Leco) son para inmovilizar la producción y luego para lotearlas”—, puede repetirse en todas las zonas del país donde hayan TCO, o sea el oriente y el valle (ver mapa de la siguiente página). Al referirse a la distribución de tierras, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, asegura que este proceso se realizará “de acuerdo a las necesidades de cada sector. Los indígenas necesitan más espacio por su condición de vida, mientras que los campesinos no”.

De acuerdo a datos oficiales del INRA del año 2006, la superficie total de TCO con titulación y certificación en todo el país es de 7,5 millones de hectáreas, de las 106.751.723 millones de hectáreas que hay en todo el país. La mayor cantidad de terreno de las TOC están ubicadas en los departamentos de Santa Cruz y Beni, el primero tiene 2,97 y el segundo, 2,1 millones de hectáreas.

Por el contrario, en Oruro y Tarija contienen la menor cantidad de tierras destinadas a las TCO, con 144 y 111 mil hectáreas, respectivamente.

El reconocimiento de las TCO cobró impulso con la aprobación de la Ley INRA, en 1996. Rojas indicó que e pedido de las TCO es una demanda histórica de los indígenas que empezó en 1990. “El Estado boliviano, ese año, reconoció la existencia de esos pueblos y su necesidad de reconocer sus territorios”.

Ante la gran presencia de tierras de TCO en el oriente, los ojos de los campesinos, a quienes se suman los colonizadores, están puestos en esa zona. En el caso de Apolo, por ejemplo, el dirigente campesino Pablo Mendoza dijo que en el caso de los Leco hay alrededor de 80 familias, un 14 por ciento, frente a la presencia mayoritaria de aymaras y quechuas. Por eso piden la anulación del título dado a los Leco, el 2006, en el polígono Uno de la provincia Franz Tamayo, norte de La Paz, rica en madera y petróleo.

“Queremos irnos al oriente porque ya tenemos planes de manejo, reserva de ecología y producción, aquí (en el altiplano) hay insuficiencia de tierras”, aseveró por su lado el ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, Fidel Surco.

Rufo Calle señaló que los lugares donde se originarían conflictos serían Cochabamba, Beni y Santa Cruz porque son los sitios donde mayor TCO existen. “Sólo en La Paz, alcanzan a menos de 500 titulaciones para las TCO, pero en el oriente son muchísimas más”, aseveró.

En el caso del conflicto de Apolo, los campesinos se dieron cuenta que las TCO incluso traspasan los límites provinciales por los cuales ellos se rigen.

Por su lado, el dirigente indígena Velásquez sostuvo que “sí, puede haber enfrentamientos en otros lugares del país. Y si pasa, será otro show del Gobierno”. “Ahí se mueven intereses políticos y económicos. Sabemos que en las posesiones de Apolo se mueve gente del MAS”.

Al hacer un análisis de la distribución de tierras en el país, el coordinador de la Fundación Tierra, Paulino Guarachi, sostuvo que “la primera demanda fue de los indígenas del oriente que exigieron tierras comunitarias. En cambio, en el occidente, antes de la Reforma Agraria, se les dotó a los campesinos de gran cantidad de tierras”. “Lo que se pretende hacer (ahora) es dar tierras a los que antes no las tenían”, agregó.

Los campesinos, colonizadores e indígenas sostendrán este mes una reunión en la ciudad de Santa Cruz para analizar precisamente el tema de la distribución de tierras en el país, informaron los dirigentes Fidel Surco y Víctor Hugo Velásquez.

Peleas por tierra

Caso Pananti • El 9 de mayo del 2001, un enfrentamiento entre campesinos y terratenientes en la región del Chaco de Tarija dejó siete campesinos muertos por bala y por golpes de palo. La causa fue la disputa por la tenencia de tierra en la hacienda Pananti. Los campesinos sin tierra ingresaron al lugar para asentarse, pero los propietarios los rechazaron y se enfrentaron bruscamente.

Caso Guarayos • El 26 de agosto del año 2005, a 380 kilómetros de Santa Cruz, en la región de Ascensión de Guarayos, un oficial de policía cayó muerto en un enfrentamiento con un grupo grande de campesinos. El uniformado era parte del grupo que intentaba evitar que se consume un asentamiento en un área de tierra. En esta contienda resultaron heridos de bala más de 50 campesinos y varios policías.