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Desde estas páginas se ha expresado satisfacción por el hecho de que Bolivia figuraba, hasta hace poco, como el país que mejor manejo sostenible hacía de sus bosques. Con la misma vehemencia habrá que preguntarse ahora cuál es la idea que prevalece para el manejo de los bosques, para la política y la gestión forestal que tiene, en el caso de Bolivia, bastante que ver con la tenencia de la tierra.

El caso del parque Madidi ha mostrado un conflicto de intereses fuertes que en definitiva podría afectar y repercutir en la política forestal en el país. Dirigentes de Apolo denunciaron que con la nueva titulación de tierras en la zona han surgido nuevos terratenientes, algunos disfrazados de originarios. Un dirigente apoleño llegó a decir, incluso, que el Gobierno está haciendo exactamente lo mismo que los anteriores: distribuyendo tierras entre sus amigos. Esa denuncia habrá que probarla, aunque suene más como parte de un exabrupto.

Lo cierto es, como ya planteó La Razón, que en la región del Madidi el tema de fondo pasa por la tenencia de la tierra y la explotación (o el aprovechamiento) de los recursos naturales, en particular de la madera. Pero, en la complejidad del tema, las normas al momento sólo dan derecho y propiedad de esa explotación a los pueblos originarios que viven en el Parque y que además, también, están cometiendo irregularidades probablemente engañados por madereros inescrupulosos. Y la realidad es así y no se la puede esconder ni ignorar.

Se ha dicho también que los campesinos de fuera del Parque también quieren tierras, y son los que tomaron el Madidi, como forma de presión para ser escuchados.

En todo este conflicto queda, sin embargo, la cuestión de fondo: los recursos naturales, incluidos los bosques del país, ¿de quién son propiedad?, ¿de los pueblos originarios o del Estado boliviano? La respuesta, dirá alguien, está clara en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, desde el Ejecutivo se ha creado tal confusión que los pueblos originarios —sean indígenas o campesinos— reclaman derechos más allá de lo que está escrito, debido a las expectativas lanzadas demagógicamente.

La pregunta, ciertamente, es el corazón de un debate en la Asamblea Constituyente y está poniendo en conflicto al Gobierno hoy, pues sus líderes apoyaron la tesis de que los recursos son de los pueblos originarios, pero ahora comprueban que eso pone en duda la soberanía del Estado boliviano.

Si el Ejecutivo ha determinado que el Madidi se debe respetar incluso con tropas del Ejército, e instalando hasta un cuartel dentro de él, eso significa que el Gobierno está reconociendo que éste es patrimonio del Estado boliviano y no de los originarios. Parece pertinente reconocerle este viraje al Ejecutivo porque revela que el presidente Evo Morales está comenzando a darse cuenta de quién debe ejercer la soberanía sobre los recursos naturales.

Madidi es un ejemplo. Y como éste hay otros que podrían generar conflictos terribles no entre los terratenientes que aún se cree que existen, sino entre aquellos sectores campesinos e indígenas a los que se les ha llenado de esperanza por el acceso a la tierra. Está en manos del Gobierno hacer prevalecer el sentido de autoridad y el poder de la ley. Urge aclarar el tema de la soberanía que tiene el Estado sobre los recursos naturales.