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Precisamente uno de esos convenios establece que los habitantes de Desaguadero-Bolivia y Desaguadero-Perú pueden pasar mercadería de contrabando dos veces a la semana, cada miércoles y sábado por la noche, sin que exista para ello control de parte de la Aduana y de la Policía, según relato de los propios pobladores y efectivos policiales.

Por este motivo, fuentes del Ejecutivo consideran poco probable que se pueda realizar una efectiva lucha contra el contrabando en estas poblaciones fronterizas. Desde esta semana, la Aduana, Policía, Fuerzas Armadas, Dirección de Sustancias Controladas, Ministerio de Hidrocarburos y la superintendencia del sector coordinan acciones para controlar la salida ilegal de GLP y otros combustibles en puntos fronterizos.

El GLP, en el departamento de La Paz, sale de contrabando hacia el Perú por las localidades de Puerto Acosta, Escoma, Desaguadero y Copacabana.

Este medio visitó Desaguadero y fue testigo de que el contrabando de GLP continúa y que muchas familias, bolivianas y peruanas, dependen de esta actividad económica, a la cual defienden a ultranza, incluso pasando por encima de la Aduana y de la Policía.

Los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) ya abandonaron el Desaguadero porque la población “los hizo correr”, según comenta la gente asentada en este lugar. La Policía aún se mantiene en el sitio.

Al respecto, algunos efectivos de esta unidad confesaron el temor que tienen de sufrir agresiones por parte de los pobladores, ya que muchas veces son agredidos, insultados, amedrentados e incluso amenazados, razón por la que el contrabando apenas es controlado en el puente que une territorio boliviano con peruano.

En la parte posterior de los edificios donde funcionan la Aduana y la Policía, se pueden observar pequeños botes que cruzan el lago Titicaca transportando productos de contrabando, entre éstos garrafas de GLP. Y no es que los policías sean engañados, sino que se hacen los de la vista gorda por temor a que los “linchen”, relató un efectivo policial.

“Nosotros controlamos, pero igual a veces pasan las garrafas, porque nos hacen dormir”, dijo uno de ellos. Otro fue más sincero y explicó que existe una calle, que denominan “zona roja”, por donde —sobre todo por las noches— sale el contrabando de GLP sin que nadie haga nada “por temor a sufrir una agresión o incluso perder la vida”.

La “zona roja” está a media cuadra de la base de la Policía del pueblo. Por ahí, en horas nocturnas, transitan triciclos de carga que llevan entre media docena o una docena de garrafas. Los contrabandistas usan los botes para llevarlas al lado peruano, vía lacustre. Al día siguiente, los inescrupulosos comerciantes las venden en Puno, Juliaca y otras poblaciones menores.

Sorprende el testimonio de algunos propietarios de los botes con los que conversó La Razón, entre bolivianos y peruanos, que obviamente prefirieron mantener sus nombres en reserva.

“Existe un convenio entre las autoridades y la gente de los pueblos fronterizos de Desaguadero, tanto del lado boliviano como del peruano, para que se transporten libremente los productos y las garrafas los días miércoles y sábado por la noche. Nadie, ni la Policía ni la Aduana, dice nada”, explicó uno de ellos.

“El contrabando es nuestro modo de vida, es lo que hace mover la economía de nuestros pueblos, en ambos lados de la frontera. Nos apoyamos, es nuestra subsistencia”, sostuvo otro.

Las garrafas de GLP llegan al Desaguadero en camiones de las dos empresas distribuidoras de esta localidad, Axel Gas e Internacional, que, según sus operadores, distribuyen el GLP a toda la población. Otra forma de ingreso es a través de los minibuses que transportan pasajeros desde La Paz hasta esa población.

En el país cada garrafa de 10 kilogramos de GLP se vende a Bs 22,50 (precio subsidiado por el Estado). En la frontera las comercializan a 18 y 20 soles (moneda peruana), que equivale a Bs 45 y Bs 50, respectivamente.

Luego estas garrafas son transportadas a Puno y Juliaca, donde las comercializan a 35 soles, es decir, a Bs 87,5. Esta actividad hace que la demanda de GLP en Bolivia suba en 10 a 15%, aumentando el déficit del energético en este invierno, según explicó el presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa.

El administrador de la Aduana de Desaguadero, Adhemar Ávalos, dijo que esta entidad ejerce control en la frontera hasta el cierre del horario para el paso de los motorizados. Luego su personal se va a descansar y se cierran las oficinas. Sin embargo, el funcionario explicó que en horas de la noche “salen los contrabandistas, incluso violando las trancas” que están en plena carretera.

Los pobladores de Desaguadero señalaron que “si no hubiera esa actividad en el pueblo, no habría dinero, los comerciantes no venderían sus productos, los restaurantes no tendrían consumo, los transportistas del lago tendrían parados sus botes, no habría actividad económica y el pueblo terminaría muriéndose”.

“Aquí muchas señoras se compran dos garrafas, una para su cocina y la otra para venderla en el Perú, y tener algo de platita. El pueblo vive del contrabando”, señaló un poblador, que tampoco quiso dar su nombre.

Este fenómeno social es similar en otras localidades fronterizas. Los alcaldes de Puerto Acosta y Copacabana, Joaquín Chávez y Armando Callisaya, reconocieron que efectivamente existe contrabando de GLP en sus regiones y que es muy difícil controlarlo.

Escaso control

COA • Los miembros del Control Operativo Aduanero (COA), que operaban en la localidad de Desaguadero, abandonaron el pueblo, amedrentados por los pobladores. Ahora realizan el control en la carretera, pero igual se les pasan las garrafas, que son transportadas de dos en dos en los minibuses de transporte público.

Policía • Los efectivos policiales en Desaguadero apenas llegan a 12, de los cuales 3 operan en la carretera para el control de tránsito. El resto vigila la frontera para evitar la entrada y salida de productos y para mantener el orden en el pueblo. Éstos son frecuentemente intimidados por la población.

Militares • El regimiento militar más cercano a Desaguadero es el Lanza, que está ubicado en Guaqui. Los soldados de guardia sólo controlan a los pasajeros, pero no el paso de los camiones y otras movilidades que transportan gas hacia la frontera con el Perú.

“El contrabando es nuestro modo de vida, es lo que hace mover la economía de nuestros pueblos”
, dijo un poblador de Desaguadero.