Subvención exportada Reemplazar el GLP del mercado nacional requeriría que los ciudadanos puedan contar con energía eléctrica barata. Eso podría darse si se instalaran plantas termoeléctricas y no se desalentara a los inversionistas privados que quieren hacerlas.
Una investigación periodística de La Razón reveló la vergonzosa situación que se presenta en el Desaguadero, de donde salen al Perú, de contrabando, miles de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), que es una de las causas de la actual escasez de ese combustible en el país.
Es presumible que situaciones similares se den en otras ciudades fronterizas del país, por donde sale, de contrabando, el GLP que el Estado boliviano subvenciona con cerca de 100 millones de dólares para su utilización domiciliaria e industrial.
Pero lo que ha descubierto la pesquisa es que el contrabando de garrafas se ha convertido en la actividad económica principal, e incluso única, de poblaciones fronterizas con el Perú. Y que la actividad goza de la protección de la sociedad, además de tener amedrentada a la Aduana y a la Policía, mientras el Ejército observa la situación a cierta distancia.
Un convenio de facto entre bolivianos y peruanos de la región del lago Titicaca hace posible que los días miércoles y sábado todas las autoridades fronterizas de ambos países se hagan de la vista gorda para permitir el tránsito del contrabando en ambas direcciones, aunque de Bolivia salen solamente garrafas con GLP subvencionado.
El Gobierno nacional está, por lo tanto, en una disyuntiva. O hace todo lo posible por aumentar la producción de GLP, a fin de que abastezca a toda la demanda, nacional y extranjera, o pone freno a esta aberración eliminando la subvención.
YPFB sabe ahora, con precisión, cuánto GLP demandan las ciudades fronterizas de los países vecinos. Quizá sea el momento de convertir esta exportación ilegal en una operación legal, por la cual el país venda a los vecinos el GLP que demanda, pero pagando impuestos y a precios que le convengan a la economía nacional.
Por otro lado, se ha observado que las poblaciones del altiplano paceño reclaman el "derecho" que tendrían a dedicarse a esta actividad ilegal. El Estado boliviano sufre una nueva violación, que se suma a las otras, que cometen ciudadanos en diferentes regiones, pisoteando y pasando por alto las leyes nacionales.
Porque, en efecto, la subvención al GLP y al diesel oil es pagada por los impuestos de todos los bolivianos pero termina siendo negocio para unos pocos, que sacan provecho de la diferencia de los precios y han hecho de ello, según verificó este diario, su modo permanente de vida.
No hay una sola idea de autoridades nacionales para resolver este problema. Mientras se agrava la escasez de GLP para los bolivianos, porque es llevado al exterior, las industrias de La Paz y El Alto están comenzando, si no están ya, sufriendo la escasez de gas natural y se anuncian racionamientos de electricidad, sin un plan claro para resolver todo este embrollo.
Reemplazar el GLP del mercado nacional requeriría que los ciudadanos puedan contar con energía eléctrica barata. Eso podría darse si se instalaran plantas termoeléctricas y no se desalentara a los inversionistas privados que quieren hacerlas.
Lo que no se puede aceptar es que todo siga igual, que el GLP siga saliendo de contrabando, que el gas natural siga escaseando, que la electricidad siga en déficit respecto de la demanda, y nadie tome una sola decisión inteligente.