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La desnudez de un problema estructural irresuelto está en evidencia. Y aquel temido resquebrajamiento de la institucionalidad del país, en particular de uno de los poderes del Estado, como es el Judicial, se está produciendo con acciones desde dentro de ese Poder como desde afuera.

El debilitamiento del Poder Judicial era y es un proceso en curso, producto de la penetración político-partidaria que durante años, e incluso en el presente, experimentaron todos y cada uno de sus órganos en mayor o menor medida. A esto habrá que añadir otra serie de factores como la ausencia de nombramientos, el escaso presupuesto y los efectos: la retardación de justicia, la corrupción y, en fin, la desfiguración del sistema.

A ese proceso de descrédito y de desconfianza que construyeron a pulso quienes han pasado o permanecen aún en el Poder Judicial se ha sumado el ataque frontal y descarnado que la administración del presidente Evo Morales ha lanzado, tanto desde el Ejecutivo como a partir de acciones bajo consigna política en el Legislativo. Esas acciones no sólo que han sido excesivas en tiempos de democracia, sino que revelan intencionalidades poco democráticas.

El camino está en definitiva equivocado puesto que los cambios profundos que el Poder Judicial requiere no comienzan con el amedrentamiento y la amenaza o sembrando el temor a defenestrar el sistema vigente, haciendo uso del poder político.

Nadie está en este momento en condiciones de negar la existencia de intereses, de un lado y de otro. Por supuesto que los existen. Sin embargo, es responsabilidad de quienes creen en la democracia adoptar actitudes conducentes a librar al Poder Judicial de esos intereses por los conductos que manda el Estado de Derecho. Legítimo puede ser todo, desde la defensa de las garantías ciudadanas de sus miembros hasta la defensa del derecho que tiene el litigante de ser beneficiario de una justicia limpia, transparente e independiente. Todo es legítimo. Lo que no es correcto es que bajo esa bandera se destruya la institucionalidad.

Que se hagan las diferencias. Una cosa es la institución y otra, distinta y observada, son sus miembros. En ese contexto, es responsabilidad del Gobierno preservar la institución democrática y no aportar a socavar sus cimientos.

Sería digno también reconocer que el Poder Judicial necesita una transformación urgente, más cuando en una paralización histórica e inédita en Bolivia la población antes que respaldar la medida la rechazó no sólo por haberse visto perjudicada sino porque percibe que la justicia y los que administran justicia no están cumpliendo con la sociedad.

Tras 24 horas de paro judicial no se puede hablar de vencidos ni vencedores. El país perdió y Bolivia podría perder aún más si quienes están al mando de los poderes del Estado no reaccionan frente a una democracia que se siente amenazada.