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Por disposición presidencial, la Contraloría General de la República se apresta a realizar auditorías especiales sobre la utilización de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en los 327 municipios del país, así como en las nueve prefecturas y en las 10 universidades estatales que se benefician con esos ingresos. El estudio se hará a partir de la vigencia del Decreto 28421, del 21 de octubre del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2006.

En ese lapso, las nueve prefecturas recibieron poco más de 2.200 millones de bolivianos, las alcaldías cerca de 367 millones y las universidades alrededor de 228 millones. Los resultados de las auditorías se conocerán en diciembre.

El control fiscal empezará por verificar que los recursos del IDH han ingresado en las cuentas fiscales de cada una de las instituciones beneficiarias y que fueron presupuestados en los programas y proyectos definidos en las normas bajo las cuales se distribuyeron los recursos del IDH, que provienen de la producción del gas natural que tiene el país.

Se fiscalizará también que el origen y la aplicación de los recursos recibidos estén debidamente documentados, autorizados y registrados. Se adelantó que los informes de las auditorías a emitirse contendrán una opinión acerca del cumplimiento de las disposiciones legales que determinan la administración de los recursos, al mismo tiempo que se formularán recomendaciones para mejorar el uso y control de los ingresos por el gas.

Un anticipo de lo que pudo haber ocurrido con la administración de aquellos cuantiosos recursos fue formulado por José Antonio Terán, un experto en el tema fiscal que ejerce la dirección del Programa de Apoyo a la Gestión de la Inversión Municipal y que, entre otros altos cargos que desempeñó, fue el secretario alterno de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipales (Flacma).

De acuerdo con una entrevista que concedió a ´Ventana Ciudadana´, Terán expuso que ´los alcaldes aún no se dan cuenta del dinero que tienen´, lo que se refleja en las dificultades que enfrentan para invertir los fondos que reciben.

El experto sostuvo que los alcaldes —de los niveles medios y pequeños— no cuentan con la institucionalidad y capacidad técnica suficientes para llevar a cabo inversiones exitosas, en proyectos de mediana o gran envergadura. Una limitación grave es que no cuentan con estudios de preinversión, porque no ponen el suficiente empeño ni erogan los recursos necesarios para estudiar la factibilidad y la viabilidad técnica requeridas. Ignoran así el impacto que pueden conseguir en el desarrollo.

Otra observación que hizo Terán es que los alcaldes tampoco tienen conciencia de la responsabilidad que tienen entre manos. Ejecutan proyectos improvisados de inversión y su proceso es lento. Así, el déficit de proyectos es enorme, porque no hay los estudios necesarios o están mal hechos. Tal situación repercute en la desaceleración de las inversiones.

De seguir la actual tendencia, se estima que a fines de año los municipios rurales llegarían a tener un superávit de cerca de 300 millones de dólares, sin embargo los más pequeños no sabrán qué hacer con el dinero y carecerán de capacidades de gestión para embarcarse en proyectos nuevos.