Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Producto de un conjunto de imposiciones que está pretendiendo hacer el partido oficialista en la redacción de los principales artículos de la nueva Constitución, el caos se ha apoderado y se ha desatado en la Asamblea. De hecho, la propia Asamblea no tiene un norte. Ni siquiera existe una coordinada conducción política de los líderes constituyentes de la mayoría, pese a las frecuentes visitas a Sucre de miembros del Poder Ejecutivo. La Asamblea, entonces, se ha llenado de reyes chiquitos.

En este momento, la Constituyente tiene en contra, entre otros asuntos, el factor tiempo, debido a que en pocas horas más los informes de las comisiones deberían ser sellados y presentados para su consideración en plenaria. La presión del tiempo está contribuyendo a disparar las tensiones. Eso significa que todos los acuerdos que pudieran cerrarse en el seno de las comisiones están completamente atorados.

Es justamente en esta etapa de conclusiones y de definiciones que la Asamblea ha deslizado, sin proponérselo, señales de lo que podría ser el país si se continúa en la lógica de la mayoría que quiere imponer a cualquier precio sus propuestas: si con pocas señales, el país se polariza y brotan por todas partes las amenazas, imagine el lector lo que podría ocurrir cuando, finalmente, la mayoría imponga a la minoría su propia Constitución.

En el ejercicio probablemente legítimo de ser mayoría en la Asamblea, el MAS está a punto de cometer un error político que podría resultar siendo imperdonable por las consecuencias que acarrearía. Y es que en lugar del pacto, del encuentro nacional que debió posibilitar la Constituyente, como se proclamó cuando surgió como necesidad en el país y cuando el MAS era minoría y oposición política, la Asamblea de Sucre está terminando por convertirse en el sitio donde una parte del país y de la gente quiere imponer a la otra parte conceptos, artículos y estructuras que no tienen la aceptación de todos.

Eso es, finalmente, lo que está trabando a la Asamblea en su etapa decisiva. Y el resultado podría ser una Constitución Política del Estado escrita sin consenso, aprobada con rodillos, comprando votos o pasando por encima el reglamento, pero, ¿en qué legitimidad se apoyará entonces esa nueva Carta Magna? ¿Por la fuerza, acaso, como si los bolivianos no conocieran lo que son las presiones, la imposición y los autoritarismos del pasado?

El país, pero principalmente el poder político mayoritario, los liderazgos regionales, y los gremios —universitarios incluidos— deben decidir si lo que se quiere es una Constitución impuesta a fuerza de dogmatismos y presiones, o una Constitución que resulte del acuerdo de una Bolivia diversa como es esta nación. Ambos caminos son posibles. La diferencia está en que uno de ellos seguramente no tendrá mucho futuro, y lejos de resolver, alentará la tensión y el conflicto.