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La experiencia que ha deparado el éxodo migratorio de bolivianos a España y a otros países europeos, aparte del que existe casi regularmente hacia Estados Unidos, puso en evidencia la necesidad de contar con planes que protejan a quienes optan por ese recurso, así como para que los países receptores hagan valer sus propios intereses en esta delicada materia.

Si bien la migración no es lo más deseable para ser humano alguno, la realidad es que, en la mayoría de los casos, resulta ser una solución aceptable, por no decir conveniente, para resolver problemas de trabajo e incluso de satisfacción de las expectativas de vida de personas y familias.

Bolivia se halla actualmente negociando un tratado de migración con España, que es el caso de mayor impacto que se le presentó en el último tiempo. De momento, se está todavía en vías de hacer los ajustes del caso a un proyecto propuesto por la Embajada de España, que en este caso mostró mucho interés para hacer que la emigración de bolivianos tenga un respaldo.

El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, que se está ocupando en este caso de los aspectos laborales y de permanencia de los emigrados, informó que el plan español tiene todavía insuficiencias que se deben conciliar.

El proyecto planteado al país se limita sólo a tomar previsiones para los bolivianos que viajan con visa a partir del 1 de abril, pero no contiene las regulaciones que son necesarias establecer para proteger a aquellos compatriotas que fueron a radicar a España con anterioridad a esa fecha.

Como se recordará, los países del grupo Schengen, de la Unión Europea, empezaron a exigir visas a los bolivianos que querían viajar a este bloque, a raíz de la gran cantidad en que lo hacían. Hasta antes de aquella fecha, los bolivianos estaban liberados de tramitar visas para viajar a esas naciones.

En los hechos, tenían las facilidades del libre tránsito. La restricción impuesta a partir de abril, a través de las visas, está dirigida a evitar que crezca en forma descontrolada la emigración ilegal de latinoamericanos en general.

Según el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Tito Hoz de Vila, se calcula que el número de emigrantes bolivianos a España está cerca de los 300.000 y de éstos sólo 60.000 son legales. Y desde que se exigen las visas, el Consulado de España entrega diariamente entre 70 y 80, de acuerdo con un informe del embajador Francisco Montalbán.

El interés del Gobierno nacional está ahora dirigido a conseguir medios de protección y seguridad para los bolivianos que viajaron sin visas. Por esta vía, se espera resolver, además, múltiples problemas de orden familiar, pues han habido madres o padres que viajaron a España dejando a sus familias en el país. Razones humanitarias elementales exigen que estos casos sean resueltos, en el marco del tratado en gestión.

A la luz de todo lo ocurrido con la emigración a España, es indispensable que Bolivia suscriba también otros acuerdos parecidos con Argentina, Brasil y Perú, para lo que tiene que contar con políticas específicas que le permitan hacer frente a la emigración. El tema no tiene que ser de preocupación sólo de los receptores, sino también de los expulsores de emigrantes, como resulta ser el caso de Bolivia.