Irresponsabilidad vial
Orlando Cabezas Garcia*

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El 29 de agosto de 1985, el DS 21060, al liberar la economía y alejar al Estado del control económico del país, introdujo la posibilidad de importar vehículos usados al país. Tal medida tuvo como argumento primordial, bajar los valores de los fletes terrestres, creando, con el ingreso masivo de camiones usados, una oferta mayor de transporte. Hoy, 22 años después, tenemos a Bolivia convertida en una gran importadora de la chatarra automotor que otros países han retirado de circulación por motivos de seguridad vial y de cuidado al medio ambiente.

La importación de camiones usados luego dio paso a la importación de taxis, minibuses y buses usados. Posteriormente comenzaron también a ingresar al país, repuestos y llantas usadas, creándose así una receta óptima para la proliferación de accidentes. Empeoran esta situación las inspecciones técnicas vehiculares hechas por la División de Tránsito de la Policía, desde donde se otorgan rosetas a vehículos que no deberían circular por calles, avenidas y carreteras. Se suma también el hecho de que las alcaldías municipales del país no tienen una idea clara de lo que significa una adecuada señalización vial. Para redundar aún más, es conocido que en el transporte de larga distancia, tanto de pasajeros como de carga, algunos conductores pijchan coca y beben alcohol (mezcla llamada y conocida en el gremio como “coar”).

La cantidad, frecuencia y fatalidad de los accidentes deben llamar a la reflexión a las autoridades responsables de la seguridad ciudadana. Las reparticiones del Estado que podrían tomar cartas en el asunto son varias, por lo que sería oportuno que el Gobierno nacional creara un comité interinstitucional bajo la tutela de la Superintendencia de Transportes desde donde se elabore un plan maestro de educación y concientización vial a nivel nacional. Tránsito, Viceministerio de Transportes, alcaldías, prefecturas, Administradora Boliviana de Carreteras y Ministerio de Gobierno podrían conformar este comité. El apoyo de la sociedad civil a esta iniciativa sería inmediato.

En mi criterio, una medida inicial para evitar este crecimiento exponencial de accidentes comienza por prohibir la futura importación de vehículos e insumos automotores de segunda mano. Ante el probable rechazo de los gremios de choferes a esta iniciativa, podríamos tomar el ejemplo del Ecuador, donde se autoriza la liberación de aranceles de importación para vehículos de servicio público y de transporte de carga y pasajeros cada cinco años, en cantidades predeterminadas. Esta norma permite la renovación oportuna de vehículos de transporte a bajos costos, otorgando mayor seguridad a la ciudadanía usuaria del transporte público.

*Orlando Cabezas G.
es ciudadano boliviano.