• Protesta en Bogotá • Los familiares de los 11 ex diputados muertos piden al Gobierno que se les entregue los cuerpos y que busquen un acuerdo humanitario para liberar secuestrados.

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“Los diputados habrían sido asesinados por las FARC vilmente, la fuerza pública no estaba en operaciones de rescate” porque no sabía el paradero de los cautivos, afirmó el Mandatario en un mensaje a la nación.

Las FARC aseguraron en un comunicado que las muertes ocurrieron el 18 de junio “cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban” y el único que “sobrevive (es) el diputado Sigifredo López, quien no estaba en ese instante junto a los demás retenidos”.

Un comunicado rebelde divulgado inicialmente por un sitio de internet afín a las FARC sólo mencionó que “en el área de los acontecimientos se desarrollan desde hace semanas amplias operaciones conjuntas de militares y paramilitares lo que ha generado innumerables combates y la creciente presencia de fuerzas oficiales”. No se precisó el lugar.

Con el reconocimiento de Uribe parece confirmarse el reporte de la guerrilla, aunque el Mandatario expuso que “el Gobierno no ha recibido informe de ciudadanos o de fuente diferente sobre un posible combate en el que hubieran muerto 11 diputados. La gravedad del hecho habría impedido que pasara desapercibido durante 10 días”.

“Las FARC practican el asesinato de secuestrados y la mentira de atribuir el hecho a un combate con la fuerza pública... la muerte de los secuestrados, sin bajas guerrilleras, sin soldados asesinados ni heridos, muestra que no hubo fuego”, añadió.

El vocero del Departamento de Estado de EEUU, Tom Casey, sostuvo que “los responsables de las muertes de estos individuos son aquellos que los hicieron rehenes” y pidió la liberación del resto de secuestrados, incluyendo tres compatriotas suyos que trabajaban en una misión antidrogas para el Departamento de Defensa cuando cayeron en manos de las FARC el 2003.

También el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juan Carlos Corlazzoli, condenó los hechos, igual que otros organismos humanitarios. Bogotá, AP