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El derecho a la comunicación y a la información es, seguramente, una de las facultades esenciales, principales y fundamentales a la que deberíamos tener acceso todos los seres humanos. En Bolivia este derecho parecía haberse materializado con el advenimiento de la democracia en aquel ya lejano 1982, cuando a fuerza de movilizaciones, protestas y huelgas, los militares optaron por retirarse a sus cuarteles y viabilizar así aquel caro anhelo de los bolivianos: el convivir bajo un sistema democrático.

En ese escenario, parecía lógico que con la democracia venía sonriente, efusiva y hasta altanera aquella que en tiempos de dictadura no estaba para nada garantizada: la libertad de expresión, porque así lo avalaba la Constitución Política del Estado1.

De tal manera que así como tenemos derecho a la vida, a la salud y a la seguridad, también tenemos derecho a emitir libremente nuestras ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión, en el marco del derecho que todos tenemos a la comunicación. Pero, ¿las cosas son realmente así? ¿Cómo y por qué medios tenemos la posibilidad efectiva de expresar nuestras ideas y opiniones?

Es ahí donde precisamente la percepción ciudadana descree del enunciado constitucional en la medida en que los “medios de difusión” (masivos) se encuentran abismalmente distanciados de ellos. Entonces, ¿sólo son esos “medios” los que poseen la capacidad de emitir libremente sus ideas, y por ende interpretarlas, imponerlas, de acuerdo con sus intereses ideológicos, empresariales, etcétera?

La coyuntura que hoy nos toca vivir, devenida de un proceso de descomposición y crisis que derivó en la convocatoria a la Asamblea Constituyente, hoy en funciones, nos permite reflexionar y, producto de esa reflexión, construir propuestas tendentes a establecer reglas y mecanismos que impidan estas deformaciones.

En ese sentido, el Centro de Programas de Comunicación, a través de su proyecto Comunicación con Derechos, ha presentado una propuesta a la Asamblea Constituyente para incorporarla en la nueva Carta Magna: el Derecho a la Comunicación y a la Información, sobre la base y en el entendido que la comunicación es el espacio de lo común y, como tal, ocupa un lugar central en cualquier proceso de construcción social. Ese espacio común se materializa en mecanismos específicos, tal es el caso de los medios masivos de comunicación e información, por lo que resguardar el buen uso de éstos debiera constituirse en una de las funciones primordiales tanto del Estado como de la sociedad civil.

En esa perspectiva, la propuesta para la nueva Carta Magna es asegurar el Derecho a la Comunicación, es decir, a producir, difundir y recibir información necesaria para poder desarrollar procesos de diálogo constructivos, y crear mecanismos que permitan garantizar el buen uso de los medios masivos de comunicación. Así, en el inciso b), del Artículo 7 de la CPE, se propone garantizar no sólo emitir libremente las ideas y opiniones, sino también difundirlas, individual o colectivamente, por cualquier medio; pero, asimismo, tener acceso a las fuentes de información necesarias a sus intereses; y, por lo tal, tener acceso a la tecnología que posibilita esa información.

Sin embargo, y tomando en cuenta que los “medios” no son precisamente aquellos ámbitos donde encontraremos toda la predisposición para difundir nuestras opiniones o sencillamente nuestras informaciones, entonces se sugiere posibilitar, a su vez, la instauración de medios colectivos de comunicación, para de algún modo democratizar la tenencia de los medios, y así “ostentarlos” más que “detentarlos”, aspecto este último que irremediablemente nos conduce a otra arista del mismo problema: el carácter de la propiedad de los medios de comunicación, que la nueva CPE debiera reglamentarla, para que intereses particulares/empresariales no usufructúen de un rubro que por más privado que sea, es, en última instancia, social y colectivo.

1 (Artículo 7, inciso b): Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: a) A la vida, la salud y la seguridad. b) A emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión).

Álvaro Cuellár Vargas
es licenciado en Comunicación Social.