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El pueblo espera de los congresistas, más allá de lo que dicta la actual Constitución Política del Estado y de las normas internas del Congreso, transparencia y honestidad. Dos principios que se han perdido en el ejercicio de funciones del Poder Legislativo y han posibilitado que este poder estatal goce de una de las peores reputaciones institucionales en el país.

Esfuerzos para revertir la mala imagen han existido. Seguro. Sin embargo, nada parece acabar de engranar cuando, por ejemplo, de acceder a la información pública se trata.

Es evidente que cuando el Congreso desea informar de sus actividades se cuenta incluso con un servicio por televisión o con la transmisión en vivo de la televisión estatal. O cuando algún parlamentario desea dar información abre todos los canales para transmitirla y usa la mayor cantidad de fuentes posibles. Pero, ¿qué sucede cuando los medios de comunicación requieren información en particular? Existe la misma amplitud, el mismo afán. No.

Los parlamentarios, así como el personal administrativo en el Congreso, deben saber que no sólo todo lo que se elabora y propone en el Poder Legislativo es información pública, sino también lo son los manejos administrativos, los estados de cuentas, las planillas de sueldos, los presupuestos, los gastos, los ingresos y, obviamente, los egresos por, por ejemplo, el pago de viáticos de diputados y senadores a viajes al interior y al exterior, más sus gastos de representación. Es decir, toda la información que maneja el Parlamento tiene carácter público y ésta en ningún momento debiera estar sometida a la burocracia administrativa secante.

De la Cámara Baja a la Alta existen diferencias. Mientras en la primera las solicitudes de información corren y su presentación es ordenada además de específica, en la otra los archivos han sido perdidos o simplemente borrados.

Solamente el hecho de que exista en este momento información extraviada y documentación inexistente de la gestión del ex presidente del Senado Santos Ramírez y de otras gestiones pasadas, es señal de una grave irregularidad que merece una investigación responsable, sin que de por medio exista la influencia política que ponga un manto de olvido y, a la vez, complicidad.

Justamente, por falta de información detallada es que este diario no pudo abundar más en los gastos millonarios en los que incurren los congresistas en viajes al exterior y aún peor conocer a fondo cuál es el beneficio de las visitas y representaciones internacionales que realizan los parlamentarios.

Un dato para la anécdota es que algunos representantes aseguren que cuando vuelven de sus viajes emiten informes de sus gestiones a la prensa, cuando su responsabilidad no es precisamente dar parte de sus acciones a los periodistas con un afán de visibilidad, sino rendir cuentas sobre sus actos y labor a los ciudadanos, a quienes les deben el voto y la confianza.