Los desafíos de la autonomía indígena Existe la posibilidad de instituir las autonomías indígenas sin necesidad de alterar y menos violentar los límites actuales de los municipios, además de estimular las mancomunidades municipales para ejecutar emprendimientos...
Sin hacer mayores aspavientos, en el país existen 18 municipios autónomos administrados por indígenas, elegidos en las elecciones municipales del 2004, los cuales aplican, en forma paralela, sus usos y costumbres ancestrales de la manera más democrática que se puede esperar.
La ventaja mayor de tal experiencia es que no está presente el virus del partidismo político, el que muchas veces malogra e incluso desquicia el respeto que se merecen los pueblos indígenas.
En futuras elecciones municipales no habría lugar al temor de que con la autonomía de las etnias indígenas vaya a producirse una fragmentación del territorio nacional, a través de manipulaciones que distorsionen la integridad e independencia de aquellos pueblos.
La publicación "Ventana Ciudadana", que circula quincenalmente con La Razón, en su último número refiere que, con la finalidad de participar en la elección municipal de ese año, 68 pueblos indígenas se constituyeron en organizaciones políticas, para acatar las normas del sistema electoral. Las etnias que lograron ocupar el gobierno municipal, en dos años y medio de gestión consolidaron la complementación entre las normas originarias por usos y costumbres y la dinámica de la administración edilicia vigente.
Los 18 municipios autónomos rurales se hallan en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz. En el resto de las candidaturas presentadas, los indígenas obtuvieron concejalías.
Los usos y costumbres ejercieron su influencia desde el principio. En Jesús de Machaca, en La Paz, el alcalde Adrián Aspi explicó que fue elegido primero en las comunidades, pero, para validar la decisión, los indígenas participaron "por respeto" en la elección municipal del 2004.
La diferencia que existe en los municipios indígenas está en que en éstos las decisiones que se toman son colectivas. En Santa Cruz, 40 cabildos comunales chiquitanos hacen oír su voz cada cuatro meses, proponiendo obras o proyectos y, a la vez, controlando el trabajo del municipio.
La abogada Rosario Baptista, especialista en el tema, anota que una de las primeras consecuencias de la existencia de autonomías indígenas es la necesaria convivencia entre los derechos individuales y los derechos colectivos, o sea entre los llamados derechos universales y los derechos de los pueblos indígenas.
Con los derechos colectivos se busca una "igualación" de los derechos indígenas con los derechos universales, pero no en el sentido de asimilación, de subordinación de la cultura indígena a la ciudadanía oficial, sino más bien como un reconocimiento de respeto a la identidad de los indígenas.
La doctora Baptista dice también que cuando en la base de cualquier derecho está la dignidad y bienestar de las personas, para que los derechos colectivos sirvan a este fin, deberán desecharse algunos usos y costumbres, como, por ejemplo, los referidos a la situación de la mujer en las comunidades rurales.
En consecuencia, existe la posibilidad de instituir las autonomías indígenas sin necesidad de alterar y menos violentar los límites actuales de los municipios, además de estimular las mancomunidades municipales para ejecutar emprendimientos comunes, tal como plantea la Participación Popular.