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Un bloqueo que dura ya dos semanas en Yacuiba, por parte de campesinos y ganaderos molestos con la decisión del Gobierno de entregar a los guaraníes las tierras de la zona, es el conflicto más visible de esta crisis.

Otros focos de tensión se encendieron en diferentes regiones del país. En el norte de La Paz, los miembros de la minoría “lecos” se adueñaron de miles de hectáreas y se convirtieron en los nuevos terratenientes, como lo denunció el propio presidente Evo Morales al visitar la zona. En el norte de Potosí, diferentes ayllus se han lanzado a la tarea de exigir que se les pague por la explotación de los yacimientos mineros comprendidos en las tierras de sus ancestros. En la región cruceña de Guarayos, los originarios se oponen a que el Ejecutivo avance en su propósito de poblar y dotar de tierras en el área a indígenas llevados desde el altiplano.

Quizá el conflicto del Chaco sea el más apropiado para definir los alcances de esta contradicción. Los campesinos de la zona se oponen a que el Gobierno convierta a los guaraníes en los propietarios de la tierra, siendo que se trata de una minoría que jamás estuvo dedicada a la agricultura. Un ex parlamentario chaqueño llegó a recordar que los guaraníes se declararon neutrales en la guerra del Chaco y que, si quieren tierras, tendrían que pedírselas a Paraguay.

La primera observación tiene que ver con una cuestión muy elocuente: ¿todo indígena tiene que ser agricultor o puede optar por dedicarse a otras actividades?

La política del Gobierno tiene otras deficiencias. Los ayllus de Uncía y Llallagua ayudan a entender estas deficiencias. Ellos reclaman que las actividades mineras de la zona paguen regalías a los ayllus y no al Estado boliviano.

Si el territorio de la República ha de ser de propiedad de los pueblos originarios, con potestad incluso sobre los recursos naturales, ¿qué le queda al Estado boliviano?

Si se avanzara en esa lógica, el Estado boliviano no tendría derecho a cobrar regalías por la explotación del petróleo y el gas. En este caso, esas regalías serían del pueblo “guanayé”, compuesto por unas 1.500 personas que habitan en la zona de los yacimientos descubiertos desde 1991.

Pero el partido de gobierno tiene otras urgencias que le obligan a insistir en esas tesis contradictorias. Cuando el MAS propone las autonomías indígenas para contraponerlas a las departamentales, ofrece a los pueblos originarios la propiedad de los recursos naturales. Por el momento, quienes hacen esa oferta no parecen advertir los conflictos que ella supone en el debilitamiento de los derechos del Estado sobre los recursos.

Lo conveniente, para evitar estos conflictos que están provocando perjuicio, sería meditar bien acerca de lo que se ofrece a los pueblos originarios. El territorio de la República de Bolivia comprende efectivamente a muchos pueblos indígenas, pero en el fondo ellos son, al igual que todos, bolivianos al fin. Quizá esa verdad pueda ayudar a encontrar soluciones.