Para evitar que las empresas estatales, que en el país cada vez son mas debido al nuevo modelo económico nacionalizador, se politicen o se conviertan en fuentes de corrupción, el Gobierno anunció una “Ley de las empresas del Estado” y el control social.
Con la recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de la Comibol, de la Empresa Minera Huanuni, Vinto y de las refinerías por parte del Estado, además de la creación de otras compañías estatales, el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, indicó ayer que ahora es necesario dar certidumbre administrativa para el funcionamiento de estas compañías.
La autoridad adelantó que se debe elaborar una “Ley de las empresas del Estado” que le permita dar a las entidades estatales márgenes de descentralización, tener un patrón empresarial particular y específico, para que tiendan a producir más, mejoren su tecnología y realicen innovaciones técnica científicas.
“Una Ley de empresas estatales, creo que es el elemento ordenador de lo que significará la nueva economía”, subrayó.
Como otra medida para el buen funcionamiento de las empresas estatales, hizo referencia al control social, que forma parte de la política del Gobierno,
“En estas empresas debe participar la sociedad, para que no sean enclaves empresariales ajenos al conocimiento y a la participación de la sociedad. Tienen que ser empresas en las que estén representantes de las organizaciones y movimientos sociales. Deben tener directorios, pero con gran representación social, eso es fundamental”, subrayó Quintana.
El ministro también se refirió a que estas empresas tengan vocación competitiva y no sean subvencionadas por el Estado. “Tenemos que hacer que las empresas se alejen más del Tesoro General de la Nación (TGN) y puedan tener su propia capacidad administrativa”, declaró.