Surgen al menos tres dudas por el operativo donde murió el policía La Policía dice que una emboscada de campesinos armados mató a un efectivo el sábado. Los comunarios aseguran que los que dispararon eran “falsos” oficiales. La Fiscalía de Larecaja no sabía del operativo, dirigido por un fiscal paceño.
LOS COMUNARIOS • Un grupo de habitantes de Coca Lirpaya, ante sus casas, denuncia que hubo abusos policiales. Los pobladores están en conflicto con los dueños de la mina Lipichi.
Dos versiones contradictorias arrojan sombras sobre el enfrentamiento que ocurrió el sábado en la comunidad de Coca Lirpaya, durante un operativo que intentaba desocupar la mina Lipichi, a 28 kilómetros de Sorata, y que culminó con la muerte del policía Óscar Huanca.
Quedó establecido que en el operativo participaron civiles del lado de la Policía, que no estuvo presente el fiscal provincial del caso ni los policías locales y que se actuó de madrugada, pese a que el procedimiento lo prohíbe.
Según la versión policial, 30 efectivos que llegaron a las 7.00 a la mina Lipichi fueron emboscados por campesinos armados cuando intentaban cumplir con el requerimiento emitido por el fiscal Miguel Ángel Viera Lucero.
Otra es la historia de los campesinos que reaccionaron con cautela ayer ante la llegada del vehículo de La Razón a la pequeña población de Coca Lirpaya, a 28 kilómetros de Sorata. Comprobaron las credenciales de los periodistas, acompañados por un dirigente provincial, antes de permitir que las mujeres y los niños salgan de sus casas.
Delfín Quispe, poblador de la zona, aseguró que el contingente policial ingresó a su comunidad con un ataque de gases lacrimógenos a las 5.00 de la madrugada. “Nos sacaron a patadas de las casas, gasificaron a las wawas, mujeres y viejos. Además, cuando estábamos escapando, los atacantes nos robaron nuestras cosas”, denunció con enojo.
La Razón comprobó que varias de las viviendas estaban revueltas y algunos electrodomésticos pesados estaban fuera de su lugar, como si alguien los hubiera dejado a medio camino.
Los comunarios aseguraron que entre las fuerzas del orden habían “falsos policías” que serían trabajadores de la empresa privada. Ellos, según Quispe, fueron los responsables del tiroteo ya que, “en medio de la confusión se cruzaron ambos grupos”.
Una de las pobladoras mostró a su bebé que —contó— había perdido el conocimiento por los gases. Prudencio Condori, de 75 años, denunció que lo golpearon para reducirlo y dijo que otros campesinos heridos habían sido llevados al hospital de Sorata.
Por su parte, el fiscal Miguel Ángel Viera Lucero —ayer, tras asistir al velorio de Óscar Huanca— reiteró que fue emboscado el contingente policial que hacía cumplir su requerimiento por denuncia de robo agravado, tentativa de homicio y tenencia de explosivos en Lipichi. “Todos estuvimos en peligro de muerte”, declaró y admitió que entre los uniformados estaba un ingeniero, un abogado “y entre ocho y diez ex trabajadores de la mina”.
La segunda irregularidad es la jurisdicción del caso. Geográficamente correspondería al fiscal provincial de Larecaja, Víctor Miranda Mamani, quien declaró que, aunque lleva la querella por ocupación ilegal de la mina Lipichi, no tenía conocimiento del operativo del sábado. Al respecto, el fiscal paceño Viera sostuvo que no sabía de ningún proceso provincial. “Cuando recibimos la denuncia, en mayo, el fiscal distrital no estaba posesionado, por eso iniciamos las acciones”, dijo.
La tercera irregularidad es que el operativo se produjo de madrugada, cuando la normativa determina que los allanamientos deben realizarse entre las 7.00 y 19.00. Uno de los oficiales del destacamento de Sorata informó que los efectivos ingresaron identificándose como miembros de la FELCN a las 3.00.
Larecaja en emergencia
A causa de los sangrientos hechos del sábado, la provincia de Larecaja se encuentra en estado de emergencia, según declararon a La Razón dirigentes campesinos y provinciales.
En pleno camino a Lipichi, las autoridades mostraron un balde lleno de casquillos de gases lacrimógenos y balas encontradas en la comunidad. Los dirigentes campesinos no pudieron ocultar su enojo al anunciar que, durante los próximos días, se convocaría a un cabildo en Sorata para protestar por lo que consideran “un abuso” y determinar medidas de presión pidiendo que la Mina privada Lipichi se revierta al Estado.
Pese a los reclamos encendidos, la preocupación era evidente. Las autoridades provinciales advirtieron que los comunarios de Coca Lirpaya se encontraban alerta ante cualquier intruso.
El ministro de gobierno, Alfredo Rada informó a ABI que solicitó un informe en detalle, sobre los acontecimientos del sábado.