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"En la frontera las actividades ilegales están prácticamente institucionalizadas", reconoce un juez. Narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, trata de personas y todo el universo de lo ilícito tiene campo abierto en las fronteras, en particular en aquellas donde los controles, los recursos y el personal son el talón de Aquiles del Estado, no sólo porque son escasos sino también porque son vulnerables, dada su condición de abandono y orfandad.

"Hoy por ti, mañana por mí", es la ley de la complicidad que se impone y que le juega al esquive a las leyes bolivianas, en especial a la 1008 de sustancias controladas.

La Ley 1008 se desvanece justo en las fronteras y su brazo duro no alcanza a quienes están allí en el límite territorial. Así han reconocido quienes deben imponerla y a esa conclusión ha permitido llegar una indagación testimonial que realizó este diario con autoridades judiciales, fiscales, policías antidrogas e implicados en casos de narcotráfico, además de la visita a los sitios más evidentes: Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Arroyo Concepción en el departamento de Santa Cruz. Estos son bastiones de la soberanía boliviana donde la ley se esfuma y el peso de la autoridad no existe, a pesar de los esfuerzos.

Había que estar allí para palpar y conocer cómo a diario caen en manos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) quienes por 150 dólares o más se animan a transportar en su estómago, dentro de sus ropas o en cualquier objeto que les sea útil algunos kilos de droga, sabiendo que pasada la frontera el costo de la mercancía será duplicado hasta por diez.

Y había que estar en el lugar para saber que los esfuerzos de 76 policías con las debilidades propias de ser oficial fronterizo, son vanos dada la amplia frontera con Brasil, la creativa criminal y la complicidad que campea.

Enviaron 60 oficios, sin éxito, desde la frontera hasta La Paz para pedir más recursos y más personal porque la Policía provincial no tiene ni una bicicleta para movilizarse. La pobreza es más que franciscana, es de vergüenza, de sonrojo.

Y aunque resulta alentador conocer que se dispondrá de 100 uniformados más para la FELCN en las fronteras, si éstos no van cargados del suficiente apoyo logístico sólo se estará engrosando la indigencia de la institución en el lugar.

Inquieta sobremanera la institucionalización del delito en las fronteras y una vez más se considera que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, debe proseguir en el empeño de impulsar el plan que pretendía crear módulos de control fronterizo dignos y de reforzar la presencia policial y militar en las fronteras bolivianas.

Se apela a las autoridades nacionales a no dejarse caer en la desidia de la burocracia estatal que todo lo ofrece, todo lo advierte, pero nada lo ataca ni lo atiende como debe ser.