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Según el Ministerio de Minería, el nuevo régimen propone una regalía del 25% en reemplazo del Impuesto Complementario a la Minería (ICM), establece además, para cuando los precios de los minerales estén altos, la desacreditación del 25% de la regalía del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), una alícuota adicional del 12,5% al IUE, y determina un tratamiento especial a los productos metálicos con una alícuota del 60% sobre el IUE nacional.

Este escenario impositivo recaerá con todo su peso, como es obvio, en las pocas inversiones extranjeras que en la actualidad operan en el país y están arriesgando capitales millonarios. Entre ellas está la Minera San Cristóbal, responsable del desarrollo del proyecto de explotación de plata y zinc a cielo abierto más importante del mundo, en la región de Potosí.

La inquietud de la compañía minera —que además es compartida por los mineros medianos y expertos nacionales e internacionales— gira ante la abierta posibilidad de que el nuevo Sistema Impositivo Minero termine por poner en riesgo las inversiones e inviabilice proyectos en curso.

Es de lógica la abrumadora situación de la Minera San Cristóbal, más si en todos estos años de operación invirtió cerca de 900 millones de dólares, sin haber aún extraído ni un gramo de plata, aplicando una política de buen socio con Bolivia y desarrollando un proyecto con responsabilidad social y ambiental que dicen proporcionará empleo directo a aproximadamente 1.000 bolivianos e indirecto a otros 3.000.

La Razón supo, además, de fuentes de la empresa, que la socia mayoritaria del proyecto, la multinacional estadounidense Apex Silver, de buenos oficios con el Gobierno, contrató y pagó un bufete de abogados en Washington para apoyar a la exitosa gestión gubernamental que logró la ampliación por unos meses más de la Ley del ATPDEA para Bolivia en el Congreso de Estados Unidos. En ese sentido, la Apex Silver, en coordinación con el embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, se convierte prácticamente en una cogestora de aquel importante logro, en una actitud de cooperación con el país y sus gobernantes con un asunto que no era ni es de su interés directo.

Los inversionistas y empresarios mineros están solicitando una reunión con el Primer Mandatario para explicarle el alcance de las actividades, las preocupaciones que tienen y hablar sobre la necesidad de poder concertar la política tributaria del sector.

El Jefe de Estado ha demostrado en otras ocasiones una amplia actitud para escuchar y negociar con los inversionistas que quieren ser socios de Bolivia; ésta parece ser una buena oportunidad para repetir su disposición, más cuando los acuerdos de estabilidad tributaria son necesarios y vitales para atraer inversión directa extranjera. Así el Gobierno estará en la posibilidad de recuperar para el Estado las utilidades que sean factibles y además permitirá asegurar a los inversionistas la recuperación de sus inversiones de capital, gastos financieros y proporcionar rendimiento justo y satisfactorio para todos.