Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Las palabras del vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, bajo cuya conducción se realizan las deliberaciones en el seno del Congreso Nacional, han sido más estimulantes de lo que podía esperarse. Declaró que el trabajo que se emprendió el jueves 26, inicialmente fue para llegar a un acuerdo sobre el plazo que tendría la ampliación del funcionamiento de la Asamblea Constituyente, pero también podría contribuir favorablemente al logro de otras concertaciones que, sin duda, serían de lo más plausibles.

El diputado de UN Arturo Murillo refirió que, en cuanto a la ampliación del plazo de funcionamiento de la Asamblea, se manejan las propuestas de cuatro a ocho meses y de seis meses a un año. A este respecto, La Razón planteó anteriormente que es mejor tomarse todo el tiempo necesario para que la futura Constitución sea un producto suficientemente meditado, antes de incurrir en precipitaciones que podrían ser fatales para la unidad del país.

Entre los temas que deben destrabarse en la Asamblea, aparte de la definición sobre la aplicación de los dos tercios, existen otros sobre los que debe imponerse la conciliación, como son —para citar los más críticos— el modelo de Estado, las autonomías, la capitalidad, la reelección presidencial y la uni o bicamaralidad del Poder Legislativo.

Tanto los asambleístas como los congresistas están convocados a cumplir la voluntad ciudadana, la que, en un estudio realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estableció que un 60% de los consultados apoya un pacto político entre las fuerzas más antagónicas de la Asamblea Constituyente. Algo más ilustrativo es que el 47% de la ciudadanía rechazaría un nuevo Pacto Social sin el respaldo de los dos tercios de voto en la Asamblea Constituyente. El 62% del pronunciamiento corresponde a la ciudadanía del oriente del país y el 39% a la del occidente. El trabajo se realizó sobre la base de una encuesta a 3.300 personas en las capitales de los nueve departamentos, en la ciudad de El Alto y en zonas rurales.

De no darse el diálogo necesario y los procesos de concertación, las presiones regionales podrían llevar a una especie de regionalización de la política. En ese sentido, los temas que están confrontando a las regiones y que podrían poner en riesgo la unidad del país deberán entrar en un período de conciliación. El momento requiere responsabilidad, para lo que no tienen que imponerse límites en la búsqueda de las concertaciones.

En definitiva, de la Asamblea Constituyente debe emerger una Carta Magna completa, sin dejar pendiente pregunta alguna para el referéndum previsto, en el que tendrá que aprobarse, si es posible, por unanimidad, el nuevo Pacto Social de los bolivianos, recogiendo los cambios del actual proceso político y conservando todo aquello de bueno que tiene la actual Constitución.

La demanda general es la búsqueda de la concertación y la paz, antes que aumenten las voces que sugieren el cierre de la Asamblea Constituyente como alternativa.