Nuevo Estado para todos El desafío en este nuevo hito histórico es permitirse mirar hacia un solo horizonte, ese que faculte a los bolivianos sostener un proyecto donde todos nazcan junto con el nuevo Estado y dejar de ser la sumatoria de nueve desconocidos.
El país llega este 6 de agosto de 2007 a sus 182 años de Independencia luego de un proceso de transición político-social que da pie al inicio de una transformación histórica y profunda de sus estructuras, justo a comienzos del siglo XXI.
Todo en medio de una nación hecha crisis, porque el cambio es inexcusablemente crisis, conflicto y oportunidad, a la vez. En este periodo, la patria se confronta a sí misma, a sus miedos y a sus esperanzas porque sabe que todo cambio, y en especial el presente, obligado a reparar, está revestido de un fin y de un principio. Algo así como un nacimiento. Como tal, es doloroso y traumático en su proceso, pero siempre esperanzador en su final.
Con rasgos que evidencian el debilitamiento de sus instituciones democráticas, con un gobierno de mayorías sociales e indígenas, pero que todavía no logra engranar una gestión de visión nacional, con una fragmentación creciente y profunda de las fuerzas antagónicas no representadas precisamente por los partidos políticos sino por actores emergentes que presionan con fuerza, ensimismados en sus particularismos, y con una soberanía sobre sus principales materias primas, más no una economía con perspectiva de largo plazo, Bolivia llega a sus 182 años.
Son demasiadas circunstancias políticas y fenómenos sociales los que están confluyendo en torno a un solo escenario que tiene la enorme tarea de resolver la construcción de un nuevo Estado; ese que idealmente salde las necesidades —léase, además, deudas— históricas de la mayoría nacional y concrete, cual espejo, la imagen de un espacio en la que el boliviano vea reflejado un Estado más justo, más equitativo, abierto a las mayores —o máximas— inclusiones. Un Estado boliviano que se reconoce y acepta, al fin.
Bolivia está en medio de un vértice. Por una recta, la reivindicación de deudas históricas cuyos protagonistas son los 36 pueblos indígenas y originarios que bregan por el reconocimiento de su identidad como un derecho, pero además por ser y participar en la vida dinámica del Estado y, por la otra, están las nueve regiones que ante la ausencia de un liderazgo único, cuya visión política congregue, toman al suyo como propio y lo convierten en proyecto.
Es tiempo de despertares y allí los departamentos sienten que es hora de cumplir con la necesidad histórica de la redistribución territorial del poder. Las autonomías departamentales entran, entonces, en juego, combinándolas, además, con el resurgimiento de genuinas demandas regionales, entremezcladas con deudas históricas, intereses de grupos, idealismos e imaginarios colectivos que no siempre coincidirán en pensamiento.
Ambos procesos, en curso, han llevado sus planteamientos hacia dos escenarios: la calle y la Asamblea Constituyente. En Bolivia todos están deliberando a través de los cabildos, convertidos en los escenarios “ideales” de consulta popular y de emanación de mandatos. Es así que más allá del particular panorama económico, de la implantación incipiente de un nacionalismo de Estado, o de un modelo más de desarrollo hacia adentro con perspectiva poco cierta hacia fuera; los bolivianos —originarios, indígenas, mestizos, de Oriente, Occidente, Chaco, Valle o Amazonia— están pensando, hablando y haciendo política, una vez más.