1. En Bolivia hay una marcada demanda de reconocimiento y respeto a la diferencia. Cualquier reforma constitucional e institucional debe tomar en cuenta este principio y aplicarlo en sus lineamientos generales y niveles operativos.
2. El país está viviendo en este cuarto siglo de democracia un proceso permanente, pero siempre insuficiente, de inclusión
social. Éste debe ampliarse, entendido como la puesta en marcha de espacios y mecanismos efectivos de acceso a la toma de decisiones.
3. Nuestro Estado necesita una descentralización efectiva y radical, cualquiera que sea su nombre y modelo. Los vientos centralistas sólo conseguirán mantener los problemas de acceso y servicio efectivo que el Estado está obligado a dar a la población.
4. La población exige y aplaude la posición digna de un gobierno que intenta negociar con mayor dignidad la explotación y el pago de los recursos naturales. Esta actitud debe completarse con políticas de distribución e inversión equitativas y sostenibles.
5. Estamos cansados de la impunidad legal y política para la corrupción, la violencia y otros delitos. Queremos una justicia de verdad, control social y refuerzo de la institucionalidad para que ésta, efectivamente, sirva al bien común.
6. La democracia sola, en lo político, no alcanza, si no va acompañada de acciones reales, concretas y efectivas para mejorar la vida de la gente. Vivir bien tiene que ser una realidad.
7. Reglas claras, universales, respetuosas y respetadas podrían ayudarnos a disminuir el clima de conflictividad. El corto plazo y la incertidumbre son enemigos del bienestar y la institucionalidad.
¿Le parece exagerado? ¿Le parece poco? En cualquier caso, aún es posible encontrar algunos temas de acuerdo básico, a manera de agenda mínima. Temas sobre los cuales nadie parece estar en contra sino que, todo lo contrario, son la base sobre la cual hay acuerdo explícito. Porque no basta decir que estamos confrontando distintas y opuestas visiones de país y que los tiempos de cambio arrastran más incertidumbre que nunca.
Las semanas pasadas el clima en la Asamblea Constituyente ha sido de desánimo, parálisis y confrontación, al punto que su vicepresidente, Roberto Aguilar, lo ha reconocido con una frase de efecto: “La Asamblea está en jaque, pero todavía no en jaque mate”. Terrible fórmula, que podríamos aplicar a muchos momentos de nuestra democracia en los últimos 25 años. Pareciera que estamos acostumbrados, y ya es casi una frase hecha y un lugar común decir que llegamos al borde del abismo y del vértigo que nos produce, sacamos una solución creativa e inédita. Lo que no contamos son los costos que conllevan, y se quedan, después de estar al borde: desconfianza, inestabilidad, precariedad institucional y la enorme dificultad de prever y hacer planes con cierto grado de certeza.
En general a los extranjeros ese ejercicio les parece suicida y comparando con los niveles de previsión que suelen tener las situaciones políticas en otros países, la nuestra les parece permanentemente una situación difícil, casi dramática. Nosotros parecemos acostumbrados y la incertidumbre es parte de la vida cotidiana. Sin embargo, con una tozuda esperanza en las soluciones, propongo que el debate en la Asamblea tome en cuenta esta agenda mínima.
*Carmen Beatriz Ruiz es comunicadora social.
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