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Las estadísticas en el país respecto de cuánta inseguridad está sembrando la delincuencia son realmente perturbantes. Pero deja más turbación saber que esta realidad puede seguir y crecer dadas las evidencias que se presentan a diario y la poca movilidad para atacar el problema.

La Paz es el ejemplo. Es una de las ciudades bolivianas que desde hace aproximadamente dos años no ha disminuido sus niveles de inseguridad ciudadana. Son cada vez más frecuentes la comisión de delitos vinculados al robo, el asalto, el atraco y todas sus variantes. Es decir, son cada vez más las víctimas.

Los delincuentes han encontrado a lo largo del tiempo modos más sofisticados de operar. Cambian sus estrategias, hacen más trabajo de inteligencia, siguen y estudian a sus víctimas y usan, según se conoció, señuelos. La Policía ha asegurado que en la mayoría de los casos se trata de delincuentes extranjeros cuyas formas de operar son mucho más avanzadas, no sólo por tratarse de organizaciones delictivas sino porque utilizan armas de fuego, se camuflan, dejan pocos rastros y si se los atrapa tienen las coartadas casi perfectas, un gabinete de abogados esperándolos que pagan y los asesoran y la libertad a la vuelta de la esquina. Es decir, no se está hablando de ladrones de medio pelo ni de carteristas.

El problema de la inseguridad es de fondo y comienza, de confirmarse la teoría de la Policía, en los pasos fronterizos y en cuanta entrada tiene el país —llámese terminales de autobuses, aéreas y férreas— y termina —si el término cabe—, para todos los casos, en una reforma urgente sino una revisión del Nuevo Código de Procedimiento Penal que está siendo permisivo con los delincuentes y aportando, aún más, al grave clima de inseguridad en el país.

Verá entonces que la seguridad ciudadana en Bolivia no pasa por el viejo discurso de sola y únicamente fortalecer a los cuadros policiales o dejando sola a la Policía que está apostando ahora a grupos de "reacción rápida" para lidiar con los delincuentes, sino que empieza en lo más pedestre que es involucrar a todos los corresponsables de la seguridad (Migración, Interpol, alcaldías, vecinos, prefecturas, etc.) que permita tener una ciudadanía que trabaje, duerma y viva más segura.

En esta lógica es que se puede entender el casi lamento del comandante general de la Policía Nacional, Miguel Vásquez, que admitía el poco compromiso, salvo contadas excepciones, de prefecturas y alcaldías para con la seguridad ciudadana. Y fue el propio Presidente de la República que reconoció en su informe a la nación del 6 de agosto que esta materia se había convertido en algo así como el Talón de Aquiles de su gestión. Ha sido honesto hacer tal admisión y reconocer tremendo abandono. Abandono que como puede verse ahora es de todo el Estado y de la sociedad en su conjunto, que no puede echarse de bruces ni un solo día más frente a la inseguridad.