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Se conoce como la “maldición de los recursos naturales” a la hipótesis de que existiría una relación entre los abundantes recursos naturales que poseen algunos países atrasados, con el débil desempeño económico que experimentan en el largo periodo. Existiría en estos países, una especie de vínculo inevitable entre la producción y exportación de materias primas y la debilidad de sus instituciones y políticas estatales.

Este fenómeno se ha dado en Ecuador, Venezuela, México, Nigeria, Congo, Angola y muchos otros que, pese a poseer y exportar durante décadas ingentes cantidades de recursos naturales como el petróleo, el estaño, el cobre y piedras preciosas, no pudieron utilizar sus ingresos para financiar su desarrollo. En términos más simples, derrocharon sus ingresos durante décadas, no efectuaron las inversiones estratégicas necesarias y, al cabo de un tiempo, se quedaron sin nada. Los bolivianos conocemos la suerte del estaño, goma y plata. Después de décadas de ser los primeros productores de estas materias primas, el resultado luego de su agotamiento fue el estancamiento, el subdesarrollo y la miseria.

Otros países, aunque no contaban con yacimientos de recursos naturales propios, lograron construir importantes bases industriales y acceder al desarrollo. Este es el caso de los famosos tigres asiáticos como Corea, Taiwán, Japón y Singapur, sin mencionar a varios países europeos altamente industrializados como Suiza, Italia, España y otros.

La hipótesis de la “maldición de los recursos naturales” se insinúa nuevamente en Bolivia. El país, después de la recuperación y nacionalización de los hidrocarburos, cuenta ahora con relativamente buenas reservas probadas, probables y potenciales de gas. Lo mismo sucede con la minería. Pese a esta disponibilidad, no se ha resuelto aún, de manera definitiva cómo se usarán estos importantes ingresos.

De acuerdo a la nueva ley de Hidrocarburos (3058), el IDH resultante debe distribuirse en porcentajes diferenciados a los departamentos productores y no productores. El saldo debe dirigirse “al TGN, a los pueblos indígenas y originarios, a las comunidades campesinas, a los municipios, a las universidades, a las fuerzas armadas, a la policía nacional y a otros. Los beneficiarios destinarán estos recursos finalmente a los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo, y a todo lo que genere fuentes de trabajo.” (artículo 57).

Esta estructura de distribución significa que los recursos que generan los hidrocarburos se diluyen en múltiples sectores y gastos que no contribuyen directamente a multiplicarlos. En otras palabras, una gran parte de los importantes recursos que el país recibe son dispersados sobre todo en gasto corriente, en sueldos y gastos del personal burocrático de las prefecturas, alcaldías y universidades. Esto significa que la inminencia de la “maldición de los recursos naturales” se presenta nuevamente y que Bolivia está labrando su estancamiento y reproduciendo su pobreza.

Otros países dotados de recursos naturales decidieron superar la maldición. Es el caso, en estas últimas cinco décadas, de Noruega, Australia, Holanda, Chile y otros países desarrollados, que en lugar de dilapidar sus recursos en sueldos de burocracias improductivas y en gastos no prioritarios, decidieron efectuar inversiones orientadas al desarrollo de sus industrias, de su tecnología y de sus recursos humanos. Decidieron fortalecer simultáneamente las capacidades de sus mismos sectores productores de materias primas, ya sean mineras, hidrocarburíferas y otras.

Para evitar caer en el círculo vicioso de la maldición, es urgente que Bolivia modifique su esquema de distribución del IDH. Los recursos deberían ir a fortalecer, por una parte, la capacidad de exploración, producción y transformación de las empresas nacionales estratégicas productoras de materias primas y, por otra, a fortalecer la capacidad del Estado central para promover el desarrollo y la industrialización de los diversos sectores productivos. En este caso el país podrá andar sobre sus dos pies, sobre su sector productor de materias primas y, sobre su creciente sector industrial manufacturero. Estas son las bases del desarrollo durable.

Existen, lamentablemente, fuerzas regionales refractarias al cambio y al desarrollo industrial, fuerzas favorables a la “maldición de los recursos naturales”. Para éstas, el IDH no debe ser cambiado.

Bernardo Corro
es analista institucional y económico.