Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Pero sí es para abochornarse los absurdos operativos que ha montado la Policía Nacional, en plazas concurridas, frente a las cámaras de televisión, para demostrar las pesquisas que realizan para encontrar a delincuentes ligados a los últimos atracos y robos en La Paz. Es que realmente existe tanta candidez o es tan poca la expertise de la Policía para creer que los atracadores están paseando la ciudad, al mediodía, en vehículos que concurren a las plazas más bulliciosas.

Es probable que la Policía sepa lo que está haciendo, pero también —y la evidencia está en los hechos y las sensaciones colectivas— existe el derecho a presumir que frente a las renovadas habilidades del hampa y los sofisticados métodos de la delincuencia organizada, los efectivos parezcan exploradores inofensivos e incapaces de combatirlos.

No es pretensión poner en franca evidencia las disminuidas capacidades operativas de la Policía boliviana, pero es momento de tocar las sensibilidades para convocar a reforzar la seguridad de la ciudadanía, comenzando por quienes están en la obligación y responsabilidad constituida de darla.

Existe la sensación —o convicción, ya en esta hora— de que la Policía está en absoluta orfandad. No sólo que le falta los recursos y los medios de siempre, sino también porque sus cuadros, en particular los inferiores, no están debidamente formados, quizá, por ausencia del primer aspecto. Las leyes tampoco protegen a la Policía, así como la ciudadanía siente que el Nuevo Código de Procedimiento Penal es un instrumento permisivo con los delincuentes, los uniformados cuestionan este instrumento que echa por la borda los esfuerzos, pocos o muchos que se hacen, para frenar el delito.

Si tan sólo se observara el ejemplo de la política de seguridad interna que Perú adoptó, claro está antes de la tragedia que hoy vive. El Gobierno peruano, ante los altos índices de inseguridad de su país, estableció como prioridad luchar contra la delincuencia partiendo por respaldar plenamente las acciones de la Policía, bajo el concepto de que su servicio es comunitario. Aquello implicó adquirir equipamiento, reorganizar los cuadros internos, descentralizar las comisarías, el endurecimiento de penas y rendir un informe público mensual, por canal abierto, al Presidente de la República sobre el avance de la política, entre otras acciones. Los resultados fueron impresionantes en corto tiempo.

Hace poco se había hecho aspavientos por algunos cambios durante la gestión de la ex ministra de Gobierno, Alicia Muñoz. Hoy se comprueba que sólo hubo cambio de nombre y burocratización de la estructura policial. La delincuencia está atacando y si el Gobierno no se pone del lado de la ciudadanía para combatirla, está poniendo en riesgo más que costos políticos.