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El clima político del país se vive a cuenta de reloj y ha llegado a extremos donde la violencia irreparable, que se advertía que podía llegar en cualquier instante, ha terminado por desatarse alcanzando al Congreso y las calles.

La violencia está desbordada y está mostrando a todos quienes se resistían a creer que estas acciones podían llegar, que lo imposible puede hacerse realidad, que las improbabilidades pueden ser tangibles, y que cobra sentido aquello que se creía era inconcebible para el país.

El Movimiento al Socialismo (MAS) ayer cumplió, sin reparo, con su intencionalidad política y manifiesta de cesar en sus funciones a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional e iniciarles un juicio de responsabilidades por supuesto prevaricato, en una sesión congresal irregular y viciada por la intolerancia, los improperios y una violencia nunca antes vista.

En los registros históricos de la democracia, el incidente que protagonizaron diputados oficialistas y opositores es el más grave. Cualquier otra disputa del pasado es nada frente a lo que se vivió en el seno mismo del hemiciclo congresal.

Las escenas del Parlamento y los enfrentamientos en Sucre son efecto y consecuencia de una crisis política agravada por la traslación de la resolución de conflictos del escenario del diálogo al de la violencia, donde regiones y oposición gravitan con el peso de sus posiciones, pero mucho más lo hace el oficialismo que desea imponerse aun a costa del deterioro definitivo, o peor aún, de hacer desaparecer la construcción democrática.

Es evidente que todo proceso de cambio genera tensiones, como afirmó el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, a modo de justificar el supuesto comportamiento democrático de una sociedad en conflicto, pero también es evidente que las tensiones en Bolivia no son efecto de un proceso natural, sino de uno provocado por la imposición de acciones desde el poder, que riñen con el Estado de Derecho. La democracia es participación, pero a partir de métodos inscritos en ella y no desde la manipulación de las masas, incitándolas a la violencia.

Se coincide que la democracia está asediada. Pero está asediada por el poder que se reclama absoluto y con exclusividad en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Conservadores y violentos son todos los que creen que a nombre de la democracia pueden darse la libertad de irrumpir las estructuras del Estado, a título de derecho de mayorías sobre minorías.

No deja de ser una paradoja que la resolución del Tribunal Constitucional que suspendía de sus funciones a dos magistrados interinos de la Corte Suprema de Justicia —motivo del juicio a los cuatro magistrados—, hoy tan polemizada por el Gobierno, haya sido acatada por los oficialistas y dado pie, sin ser un fin en su causa, a la elección histórica, y casi ejemplar, de cuatro miembros titulares del máximo órgano judicial del país. Elección impulsada por el propio Vicepresidente.

Una vez más, con los incidentes de ayer, queda claro que la única vía para avanzar, aun en el cambio que se empuja, pasa por la búsqueda de acuerdos entre los bolivianos. En este caso, entre los que los representan: los partidos políticos. La imposición no es hija de la democracia.