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La solvencia y honorabilidad de los fiscales del Distrito Judicial de La Paz han sido puestas en duda, ante denuncias de supuesta corrupción y de sometimiento a fuertes intereses políticos. Es muy probable que esta situación no sea una novedad, pero nunca antes llegó a tan alto grado de descomposición institucional, como ocurre ahora.

Una investigación realizada puso de relieve la existencia de un escándalo de proporciones inusitadas. Virtualmente habrían dos bandos que libran pugnas de poder sin recato alguno. Si los hechos afloran de esta forma, querría decir que tanto los intereses públicos como los privados están en manos de profesionales que carecen de los principios éticos más elementales.

Cinco fiscales reconocieron que en el Ministerio Público quienes se inclinan a la corrupción tienen un trabajo más tranquilo y también más seguro. Mientras que los que van por el camino correcto son víctimas de presiones y hasta de amenazas de muerte. En forma oficial, se admite también que hay fiscales que no cumplen su tarea adecuadamente, lo que hacen es plegarse al más fuerte, al que tiene poder económico y político. De este modo, al parecer, sienten que trabajan con seguridad y tranquilidad para incurrir en actos ilícitos.

Otra fuente dijo a La Razón que quienes tienden más a la corrupción son aquellos que no son de materia ni institucionalizados. Sucede también que los fiscales adjuntos, apoyados por alguna influencia de carácter político o partidario, aparecen como fiscales de materia sin serlo, lo cual desprestigia a la Fiscalía del Distrito de La Paz.

Estas y otras declaraciones y actos demuestran tácitamente que el Ministerio Público, salvo algunas excepciones, se halla inmerso en un lodazal plagado de podredumbre.

La rivalidad que existe entre dos grupos de fiscales, que buscan tener el liderazgo del Ministerio Público, alcanzó proporciones mayores en días recientes. Un par de ellos fue a dar a la Policía, porque incurrieron en amenazas de muerte en plena vía pública.

A tales extremos llegó el malestar reinante en la Fiscalía de esta capital, por lo que, finalmente, el fiscal General de la Nación, Mario Uribe, adoptó algunos paliativos. Determinó iniciar una investigación contra Santiago Ugarte Mamani, quien estuvo desempeñando el cargo de Fiscal del Distrito, así como a su asesor, Erlan Ricardo Eid Rivero. Entre los cargos están la obtención de dinero en forma irregular de los comerciantes del mercado Uyustus, de La Paz. Sorprendentemente, el principal denunciado ha sido el hermano de Eid Rivero, Fernando.

Ahora, la nueva fiscal del Distrito es la abogada Teresa Vera Loza, quien ha trabajado desde hace 17 años en este organismo. Al posesionarse en el cargo, interinamente, aseguró que reorganizará la Fiscalía paceña, en especial en la asignación de funciones, además de realizar ´una tarea que lleve a la transparencia en la institución´. Y, en verdad, así se espera que sea.

Es de esperar, además, que la labor que emprenda Vera Loza cuente con el respaldo necesario de la Fiscalía General, porque de lo contrario poco o nada cambiaría en este importante componente del Poder Judicial. Su desprestigio es tan grande, que el remedio que se le aplique tiene que guardar la proporcionalidad y rigor con el caso que la enloda.