Las quejas por la tardanza de los trámites en diversas oficinas del Estado son constantes en la oficina del Defensor del Pueblo, cuyo titular, Waldo Albarracín, explicó que éstas y las relacionadas al maltrato y al racismo son las que intenta erradicar.
“En el país existe la mala costumbre de actuar en forma autoritaria, en forma despectiva contra el público en general”, aseguró Albarracín.
“La gente obviamente está preocupada por atender su problema y de pronto se tropieza con un pequeño dictadorzuelo que generalmente no actúa con sensibilidad humana”, expresó.
Recomendó a las instituciones a ser cuidadosas en la selección del personal, ya que no sólo deberían limitarse a seleccionar currículum o méritos profesionales académicos, sino considerar que se necesita de gente con vocación de servicio “porque no se debe olvidar que son servidores públicos, y ese concepto a veces lo olvidan”.
Explicó que en el país hay serios problemas de discriminación racial y de otra índole y eso, hasta ahora, “es una asignatura pendiente en la democracia que debería haber sido ya resuelta”.
Comentó que su oficina está en la labor de ejecutar talleres en sectores de la administración pública, “para persuadir el respeto a los derechos humanos y explicar cuánto beneficio podrían aportar los funcionarios públicos a la sociedad si actúan como servidores públicos”.