El vicepresidente Álvaro García Linera, en una entrevista en la red ATB, informó ayer que las políticas económicas del Gobierno están orientadas a fortalecer las capacidades del Estado y garantizar la soberanía alimentaria en Bolivia. También expresó su preocupación por la inflación.
En una entrevista de dos horas, con preguntas en vivo desde seis departamentos, García hizo referencia a aspectos como la canalización de 25 millones de dólares para, entre otras tareas, fomentar la producción de trigo y arroz que será acopiado por el Estado para su procesamiento.
“En los siguientes días, a través de nuestras Fuerzas Armadas, también intervendremos en la producción de pan de batalla, para apoyar a las amas de casa”, reveló y expresó su preocupación por los niveles de inflación, aunque informó que existe una alentadora baja de precios.
La previsión de inflación del 2007 fue del 6%, parámetro que se alcanzó en agosto. Entre las medidas para contrarrestar la subida de precios anunció el control y lucha contra el contrabando, y que se reducirá “la masa monetaria, porque hay demasiado circulante en el país”.
Acerca de la minería, recordó la nacionalización de Huanuni y Vinto, y reiteró la necesidad de modificar el sistema impositivo para lograr un ingreso de 150 millones de dólares anuales. Sin embargo, informó que existe una reducción en la minería chica y mediana que esperan revertir.
En el marco de la nacionalización de hidrocarburos, destacó los proyectos de industrialización en Tarija y la exploración de petróleo en La Paz a partir de un reciente acuerdo firmado con Argentina y Venezuela.
En cuanto al incremento del gasto corriente, reconoció esta realidad, por las compras que hace la estatal petrolera YPFB, como distribuidor de hidrocarburos, el pago de salarios a 5.000 trabajadores de Huanuni y a 800 de Vinto.
Sobre el trabajo del Gobierno con las prefecturas, el Vicepresidente reconoció “un relacionamiento deficitario” con algunos prefectos del país, porque dijo que éstos privilegian el aspecto político antes que el regional.
En cuanto a los problemas que se presentaron en Puerto Suárez por la redistribución de los beneficios de la explotación del yacimiento del Mutún, reveló que se modificarán los porcentajes de redistribución, garantizando beneficios para el Estado en la perspectiva de asegurar recursos para la construcción de una infraestructura portuaria en Puerto Busch, con accesos viales y férreos, que demandarían 150 millones de dólares de inversión.
El tema de la empresa Queiroz Galvao también fue tocado. Informó que se está buscando una empresa brasileña que construya la carretera Potosí-Tarija en lugar de la empresa cuestionada.