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La necesidad de eliminar la exclusión indígena fue una de las razones principales para la Asamblea Constituyente. En distintas movilizaciones el reclamo permanente fue la inclusión de los sectores marginados en el proyecto nacional. Eslóganes como “tenemos dos Bolivias” o “reconstitución del Qullasuyu” se han esgrimido desde los pueblos aymaras y quechuas acompañados por esfuerzos de conceptualización que quizá se sintetizan por ahora en la idea de tierra y territorio. Desde otra perspectiva, esto se puede entender también como el reclamo por el ejercicio de los derechos colectivos.

Hasta ahora, en nuestra constitución y demás normativas la primacía de los derechos individuales sobre los colectivos es casi absoluto. Este marco legal no sólo desconoce la realidad de una Bolivia con amplia población indígena y originaria, sino que sobre todo no permite el desarrollo de formas comunitarias de vida. Es una problemática vinculada directamente al sector rural, pero también con la realidad nacional dado que somos un país de base indígena.

Una consecuencia importante de tal polarización entre derechos individuales y colectivos es la ruptura que existe entre la legalidad y legitimidad de instituciones sociopolíticas y territorialidades importantes. Para ejemplificar mencionemos el caso de los Gobiernos Municipales rurales. La ley, al sustentarse sólo en derechos individuales y desconocer la participación política de tipo comunitario que existe en la práctica, genera pugnas y rupturas internas, induce a la corrupción y crea todas las condiciones para la ingobernabilidad. No otra cosa significa que en la última elección municipal, sólo cuatro alcaldes en el departamento de La Paz, que tiene 80 municipios, fueron electos directamente en las urnas mientras que el resto fue designado por el concejo municipal y, por tanto, sujeto al voto censura que de constructivo no tiene nada.

Otro ámbito donde se puede constatar cómo la falta de derechos colectivos traba el desarrollo de los pueblos indígenas es el agrario, específicamente, el tema de derechos sobre la tierra. Nuestra normativa admite derechos ya sean individuales sobre la tierra o, caso contrario, colectivos. Es un dilema al que está enfrentado la población rural especialmente de la zona andina. Son familias que están obligadas a elegir entre titulación individual o colectiva, opciones que no corresponden a la realidad. Es como invitarlos a elegir entre la vida de uno de dos hijos. Y es que en la práctica existen derechos de copropiedad territorial, muy contrario a la falsa dicotomía entre derechos colectivos y derechos individuales.

Una efectiva lucha contra la exclusión implica corregir esa primacía de derechos individuales, no por medio de su sustitución con derechos colectivos como proponen algunos. Las propias comunidades nos muestran que no todo es colectivo ni que la colectividad es simple agregación de individuos. Prevalece un delicado equilibrio y complementariedad de derechos.

Los derechos colectivos tienen que tratarse dentro de este contexto y no en el marco de las corrientes indigenistas internacionales. Ante todo, no se trata de reconocer derechos preferenciales y especiales a la manera de otros países donde lo indígena es marginal. Se trata de construir un nuevo Estado reconociendo los derechos colectivos para una mejor estructuración y funcionamiento de instituciones locales y pensando en que la nueva Bolivia tendrá que ser de base indígena, por su historia, trascendencia y vigencia. Sino ¿Quién o quiénes podrían constituirse en el pilar fundamental para la formación de la identidad nacional que tanta falta hace?

Gonzalo Colque,
economista.