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Si la medida fue contundente o parcial, si el paro se cumplió más en las capitales que en las provincias, si sólo fueron los opositores políticos o también los ciudadanos indignados, si paró x o y porcentaje del país son cuestiones que no hacen al fondo del asunto. Es ocioso rebuscar en esos argumentos una explicación a la situación que experimenta Bolivia o intentar simplificar la crisis política que se vive a una mera cuestión de medición de fuerzas políticas contrapuestas.

El paro en las regiones convocado por los movimientos cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Pando, Beni, Cochabamba y Tarija fue desarrollado bajo la consigna de la defensa de la vigencia del sistema democrático boliviano y en rechazo a una serie de atropellos que consideran que el Gobierno está cometiendo usando como instrumento a la Asamblea Constituyente —hoy paralizada— y dentro del seno del Poder Judicial, y que deben ser enmendados a la brevedad posible.

Está visto que los comités cívicos han adoptado un papel político legítimo —y nadie debería rasgarse las vestiduras por ello— ante la ausencia de una oposición político-partidaria fuerte. En la mayoría de los casos sus protestas, en un contexto de regionalización de la política que es notoriamente evidente, están guiadas más como reacción a acciones que comete la administración del presidente Evo Morales. Es decir, no es una oposición porque sí o que esté ligada a un proceso desestabilizador o conspirativo, como denuncia, sin pruebas, permanentemente el Gobierno.

La crisis que afronta la República, si bien tiene su origen en un proceso de cambio impulsado por el Gobierno, tiende a profundizarse por las acciones de éste y las reacciones que provoca, generando la fuga y coalición de fuerzas políticas, sociales y regionales que, probablemente, en otras circunstancias no se darían del modo presente ni con denostada contundencia.

Es inútil para el Gobierno seguir intentando convencer y convencerse a sí mismo de que las disputas que confronta el país son externas a él. Antes la división era una sensación, hoy es una realidad y no interesa si su causa es parte de las deudas de la historia, el hecho vital para la nación es que quienes llegaron al poder con innegable e insólito apoyo popular y hoy gobiernan el país son responsables de cerrar la brecha, de unir, de agregar y no disgregar, de sumar y no restar o dividir.

La paralización de seis departamentos del país no deja ninguna lección, sólo la constatación de que los actores actuales de la política del país están empujando a Bolivia a un objetivo mezquino, cuyas consecuencias serán fatídicas y que no tienen nada que ver con la construcción de un proyecto común, de país más democrático, justo y equitativo.

Nadie ganó con el paro, todos perdimos porque observamos, frente al espejo de la realidad, una Bolivia peligrosamente dividida e incapaz de reaccionar. Las capacidades democráticas no pueden seguir en entredicho.