El debate para normar y fiscalizar el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) volvió al tapete de la discusión. El diputado de Podemos Antonio Franco anunció que buscarán concertar con el MAS una agenda parlamentaria donde se incluya la ley que diseñaron para regular a este sector en Bolivia.
Mientras, su colega Óscar Ortiz cuestionó la actitud del Gobierno frente a la cooperación externa, cuando varios de sus más estrechos colaboradores provienen de organismos no gubernamentales como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
El tema surgió luego de que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunciara falta de transparencia y un manejo discrecional en Bolivia de los recursos de cooperación desembolsados por Estados Unidos y que alcanzarían, en el año fiscal 2007, a 120 millones de dólares.
Franco informó que tienen elaborado un proyecto de ley para regular las actividades de las ONG, pero que no lo presentaron al pleno porque consideran necesario un acuerdo con el MAS para garantizar su tratamiento y aprobación en el Congreso.
“Si no regulamos los recursos económicos y fundamentalmente los transparentamos, que no vengan al país para generar un adoctrinamiento político, que vengan para educación y salud, incluso en esto tenemos que tener cuidado porque la ayuda no puede llegar para construir centros oftalmológicos que son del MAS”, sostuvo el legislador.
Un informe del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Exterior, publicado en su página web, muestra que en Bolivia existen 592 ONG.
Una de estas instituciones es CEJIS, que aportó con varias autoridades a la estructura del Ejecutivo, entre ellos los ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y de Desarrollo Rural, Susana Rivero, y el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
Ortiz cuestionó el hecho de que la actual administración ponga observaciones a la cooperación, cuando tiene a muchas autoridades provenientes de organismos no gubernamentales.
“Me extraña que hoy se hable de ONG o de cooperación externa, cuando medio gabinete viene de las ONG. ¿Han sido financiados o lo siguen siendo por ONG?”, preguntó.
Respuesta
“Nos quieren amedrentar” CARLOS HUGO MOLINA. Ex Min. de Participación Popular.
“En esta denuncia del Gobierno no hay inocencia y esto es parte de un amedrentamiento. Se está intentando amedrentar a la conciencia democrática de quienes emitimos opinión, quienes formulamos criterios democráticos permanentemente, para que nos veamos limitados de poder hacerlo. Esto debe ser denunciado a nivel de la comunidad internacional. No es ni ociosa ni ingenua la forma en que esto ha sido planteado y necesitamos entender en Bolivia que debemos defender las garantías constitucionales y el ejercicio pleno de los derechos republicanos en todos los espacios. Yo lo seguiré haciendo“.
“Se trata de una cortina de humo” JUAN CARLOS URENDA. Asesor sobre autonomías.
“Creo que esto demuestra el grado de descomposición dentro del Gobierno, que ante la intención de poner cortinas de humo ante los serios problemas que tiene el país tiene que recurrir a una cortina de humo pretendiendo echar lodo a una serie de profesionales y mencionando en particular a profesionales del oriente boliviano. Creemos que es otro error más de este gobierno, que no hace otra cosa que ahondar las diferencias y el enfrentamiento en este país. (Las denuncias del Gobierno) me tienen sin cuidado, las tomo como de quien vienen y no merecerían que yo le dé atención a este tema (refiriéndose a una posible demanda)”.