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Al igual que en otras áreas, el Ejecutivo apunta a que el Estado tenga un rol protagónico en los rubros rural y agropecuario. Para ello, ha diseñado una estrategia que le permitirá reasumir sus capacidades para la planificación y conducción del desarrollo agrícola nacional.

Antes de explicar los programas que conforman la estrategia de la Revolución Rural, Agraria y Forestal, Susana Rivero, ministra de Desarrollo Rural, Agrario y Medio Ambiente, hace una revisión a la historia del país, donde —dice— se han implementado tres patrones de desarrollo socioeconómico.

El primero —situado al inicio de la vida republicana— fue un modelo basado en la explotación de recursos y en la otorgación de los mismos a hacendados privados bajo el sistema del colonato.

Rivero indica que un segundo patrón comenzó con la Reforma Agraria de 1953, que potenció a los actores en tierras bajas, pero que sustituyó a los pequeños productores con empresas agropecuarias.

La ministra señala que el tercer modelo llegó con la liberalización del desarrollo rural a partir de 1986. A decir de Rivero, este patrón dañó la soberanía alimentaria. “El modelo liberal redujo la capacidad del Estado al mínimo, dejó en manos de privados toda la producción y el apoyo fue para promover un modelo de agricultura de exportación”, afirma.

La Revolución Rural Agraria y Forestal del Gobierno se basa en la redistribución de la tierra, a partir de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, aprobada en noviembre del 2006.

La autoridad manifiesta que la estrategia rescató lo mejor de las experiencias previas y desechó lo negativo de las mismas. El plan está conformado por cuatro programas: Creación de Iniciativas Alimentarias (Criar), Sembrar, Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario (Empoderar) y Reconducción del Rol del Estado en Emprendimientos Alimentarios (Recrear).

En tres de los programas, el Estado promoverá la producción agrícola y fortalecerá las capacidades de los pequeños productores.

Mientras, en el proyecto Recrear, el Estado intervendrá directamente en la producción de alimentos a través de empresas “sociales públicas” que comprarán a los productores para industrializar y vender la producción al mayoreo.

Susana Rivero señala que existen otras estrategias para las zonas forestales. No obstante, añade que la primera fase que se trabajará es la producción para la seguridad y soberanía alimentaria.

El primer paso que se dio fue la creación de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que trabajará con los productores de trigo, arroz, maíz y papa.

La ministra anticipa que se creará otras cuatro empresas para sectores estratégicos productivos.

Rivero aclara que no se trata de sustituir a los actores rurales. Lo que habrá es una fuerte presencia estatal en la planificación estratégica y en la ejecución de actividades. “La planificación estratégica nos va a permitir aprovechar las vocaciones productivas del país, los conocimientos tradicionales, las propias capacidades técnicas que tienen las instancias”.

A través de la planificación estratégica, el Ministerio de Desarrollo Rural comenzó a trabajar en la definición de polos de desarrollo y rubros de producción para cada región. Así, el Estado potenciará la producción de determinados productos alimenticios según la vocación productiva de cada zona y de acuerdo a la demanda interna.

Además del Estado, los protagonistas de la estrategia serán los pequeños productores. Sin embargo, la ministra Rivero indica que esto no significa que el sector empresarial será abandonado. Agrega que con los agroindustriales se trabajará de forma transversal en los cuatro programas. “Pero tampoco el Estado va a subvencionar a los grandes, que tienen más facilidades para el acceso a financiamiento y a apoyo tecnológico”.

La estrategia de desarrollo rural y agrario también contempla la creación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), que aportará con asistencia técnica e investigación a los cuatro programas diseñados.

Por otra parte, el plan apunta a potenciar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para definir cómo se administrará el régimen agrario, siempre a partir del nuevo marco legal establecido.

También se realizarán ajustes al interior del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) para que cumpla a cabalidad con su labor.

La estrategia será concertada con los sectores involucrados.

LOS CUATRO PROGRAMAS

Sembrar • Promoverá alianzas entre públicos y privados a nivel local para definir estrategias de producción de alimentos. Demandará una inversión de 200 mil dólares.

Criar • Se basará en la producción agroecológica y en sistemas integrales para la producción de alimentos para el consumo familiar. Se invertirán $us 23 millones.

Empoderar • Apoyará al desarrollo de iniciativas productivas agropecuarias y forestales, entre otros. Requerirá una inversión de $us 72 millones. Es a largo plazo.

Recrear • Se crearán empresas estatales para la producción de alimentos y productos estratégicos. Se trabajará con recursos propios generados por la minería y el gas.

“El modelo neoliberal redujo la capacidad del Estado al mínimo (...) y el apoyo fue para promover un modelo de agricultura de exportación”.

ANÁLISIS

La revolución agraria debe ser integral

MIGUEL URIOSTE
Director de la Fund. Tierra

Como en otras áreas de gobierno, el discurso político se sobrepone a la realidad. Como afirma el Gobierno, es verdad que la matriz indígena originaria fue ignorada al momento de la fundación de la República. Es verdad que esa mayoría indígena originaria tiene no sólo el derecho sino la obligación de darle su genuina impronta a un nuevo país que muchos queremos refundar (...)

Que se necesita una Revolución Agraria que cambie las estructuras de propiedad de la tierra en el oriente, elimine la acumulación especulativa y construya modelos integrales de desarrollo rural (...)

Pero todo lo anterior no se podrá hacer negando el pasado. El pasado está ahí, con vicios y virtudes, con fracasos y éxitos. No estamos partiendo de cero.

(...) La consigna de propiedad plena y absoluta de los recursos naturales exclusivamente para los pueblos indígenas originarios, surgida de reducidos pero influyentes sectores intelectuales urbanos, es equivalente a la elitaria demanda autonómica departamental que no quiere compartir los recursos naturales de una parte del territorio nacional con el resto del país.

El actual ciclo de expansión de la economía boliviana se debe a dos razones, una externa: el incremento del precio de las materias primas y otra interna: el muy significativo aumento de los ingresos por concepto de impuestos y regalías a los hidrocarburos nacionalizados. Esta extraordinaria oportunidad tiene que ser aprovechada de manera sostenible para beneficio de futuras generaciones.

Una Revolución Agraria es necesaria, pero una que reemplace el modelo monoexportador de la soya por otro integral, ambientalmente sostenible y económicamente más diversificado y centrado en la seguridad alimentaria. Que supere el minifundio en el occidente. Que alcance mayores niveles de productividad. Que articule a los pequeños productores con la agroindustria y exportaciones.
Fragmento de Las sombras de un año de Revolución Agraria